PAMI deberá pagar una multa diaria de $3 millones por demoras en la entrega de medicamentos en Entre Ríos
La Justicia Federal dictó una resolución sin precedentes contra el PAMI, imponiéndole una sanción conminatoria (astreintes) de $3.000.000 por cada día de retraso en el cumplimiento de la entrega de medicamentos a sus afiliados en la provincia de Entre Ríos. El fallo busca garantizar el acceso inmediato a tratamientos de salud que habían sido interrumpidos o limitados por cambios administrativos de la obra social.
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La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de [VERIFICAR: ciudad exacta de Entre Ríos o si es extensión del juzgado de Mendoza], en el marco de una acción de amparo colectivo presentada para proteger el derecho a la salud de los jubilados entrerrianos. Según los fundamentos del magistrado, el organismo ha mostrado una "conducta reticente" para normalizar la provisión de fármacos esenciales, desoyendo órdenes judiciales previas que exigían restablecer la cobertura total del 100%.
Alcance de la sanción y beneficiarios
La multa diaria se aplicará de forma automática hasta que el PAMI acredite fehacientemente que ha regularizado la dispensa de remedios en todas las farmacias de la provincia. Los puntos clave del fallo incluyen:
- Cobertura total: La obligación de restituir el 100% de gratuidad en medicamentos para patologías crónicas y especiales.
- Cese de restricciones: La suspensión de los nuevos requisitos patrimoniales (como la tenencia de vehículos de cierta antigüedad o ingresos mínimos) que impedían a miles de jubilados acceder al beneficio.
- Ámbito de aplicación: El fallo beneficia a los más de 152.000 afiliados que el PAMI posee en territorio entrerriano.
Un reclamo que llega a la Justicia
El conflicto se originó tras las reformas implementadas por la actual gestión del PAMI, que redujeron el listado de medicamentos gratuitos y endurecieron las condiciones de acceso. Ante la falta de respuestas en la vía administrativa, diversos gremios y asociaciones de defensa del consumidor impulsaron la vía judicial.
"La salud de los adultos mayores no puede ser una variable de ajuste económico", señalaron los abogados impulsores de la causa. La cifra de $3 millones diarios es una de las más altas aplicadas al organismo y tiene como objetivo presionar a las autoridades nacionales para que el presupuesto sea destinado a la compra de insumos médicos en lugar de al pago de multas por desobediencia.