Sin celular en el aula: dos proyectos buscan prohibir por ley el uso de dispositivos en las escuelas entrerrianas
Una iniciativa del Senado y otra de la Cámara de Diputados apuntan a regular el uso de celulares en todos los niveles de educación obligatoria. Argentina lidera el ranking mundial de distracción en aulas por dispositivos digitales.
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Entre Ríos avanza hacia una regulación del uso de celulares en las escuelas. Dos proyectos de ley —uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados provincial— buscan establecer un marco normativo que limite o prohíba el ingreso y uso de teléfonos móviles y dispositivos con conexión a redes en los establecimientos educativos de la provincia.
La propuesta impulsada en el Senado es autoría de los senadores Casiano Otaegui y Rafael Cavagna, del bloque Juntos por Entre Ríos, y ya fue girada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su tratamiento. De convertirse en ley, el Consejo General de Educación será el encargado de reglamentar y supervisar su cumplimiento.
En Diputados, el proyecto fue presentado por el legislador Marcelo López, también de Juntos por Entre Ríos, y cuenta con el acompañamiento de otros ocho legisladores del oficialismo.
Cuándo se puede usar el celular
Lejos de una prohibición absoluta, el texto establece tres escenarios donde los estudiantes sí podrían usar sus dispositivos: cuando el docente lo solicite para una actividad pedagógica específica, ante situaciones de emergencia evaluadas por la autoridad escolar, y en cualquier otra circunstancia que la autoridad competente considere pertinente. Las sanciones para quienes incumplan la norma serán determinadas por cada institución, previa comunicación a los alumnos y sus familias.
El contexto que impulsa el debate
Los fundamentos del proyecto citan un informe de Argentinos por la Educación basado en las pruebas PISA 2022, que arroja datos preocupantes: Argentina lidera entre los países relevados el porcentaje de estudiantes que reportan distracción por el uso de dispositivos digitales en clase, con el 54%, seguida por Uruguay con el 52% y Chile con el 51%.
La tendencia regulatoria no es exclusiva de Argentina: Brasil, Chile, Bolivia y Perú ya cuentan con legislación específica, y México avanza en la misma dirección. Entre Ríos, que comenzó el ciclo lectivo 2026 sin normativa específica sobre el tema, busca ahora ponerse al día con el resto del país.