En un breve repaso, podemos expresar que la Argentina ejecutó dos canjes de deuda en los años 2005 y 2010, cuando se cambiaron los bonos en default por nuevos títulos con una importante quita que, según el oficialismo, llegó hasta un 75%. Aproximadamente, el 7% de los acreedores no ingresó a los canjes y se los llamó holdouts. Una fracción de ellos demandó a la Argentina ante los tribunales de Estados Unidos debido a que esa era la sede judicial que se había establecido en los bonos para eventuales controversias. Como se sabe, la Justicia de ese país falló recientemente a favor de los fondos, argumentando que la Argentina debía pagarles una suma de u$s 1.500 millones. Luego de esta sentencia, a nuestra República no le quedan más que dos cursos de acción alternativos: acatamiento o desacato de la decisión de la Justicia de EE.UU. No obstante, ambas opciones presentan implicancias que afectarán a la economía del país. Si el Gobierno no acata el fallo, no sólo significará una desobediencia a la Justicia estadounidense, a la que el Estado Nacional se encuentra, por el convenio legal firmado, bajo jurisdicción. Sino que también marcará un default del total de la deuda pública con potestad extranjera. A su vez, existe una decisión del juez Thomas Griesa que involucró al agente de pago Bank of New York (BONY) en el cumplimiento de la sentencia. Es decir que le impidió al banco seguir cumpliendo esa función, mientras el Estado argentino no pague la sentencia judicial. El 30 de junio venció el bono Discount y la Argentina transfirió los fondos correspondientes al BONY pero éste no pudo cancelar el pago a los bonistas que entraron al canje. Hay tiempo hasta el 30 de julio. Por otra parte, si el Gobierno cumple con el fallo del juez, el pago de los u$s 1.500 millones a los holdouts traería consigo dos consecuencias. Por un lado, la extensión del fallo a fondos no litigantes que subiría la factura a pagar hasta u$s 15.000 millones. Pero a la vez, activaría la cláusula RUFO, la cual fue una condición que se estableció para las acreedores que entraron a los canjes y que les otorga el derecho a reclamar por cualquier mejor acuerdo que voluntariamente se les diera a los holdouts. Si se gatilla esa cláusula, que vence en diciembre de 2014, la factura del Tesoro nacional podría aumentar hasta u$s 120.000 millones, según informes que hizo el propio Gobierno. Seguramente, el escenario más probable es el de un acuerdo porque todas las partes saldrían beneficiadas. Asimismo, a los fondos buitre tampoco les conviene que el país entre en default porque la posibilidad de un pago se volvería complicada. La cuestión es que el Gobierno tiene que encontrar la forma de fortificar los recaudos para que no se gatille la cláusula RUFO y pagar a los holdouts una vez que ésta se venza. Este contexto necesita que el juez Griesa acceda a volver a conceder un Stay (cautelar) antes del final de julio y de esta manera, el Tesoro podrá cancelar el vencimiento del Discount y no entraría en default. El Gobierno debería entender que la cesación de pagos es infinitamente más costosa que el acuerdo. Si el país vuelve a entrar en default, el fisco perderá toda posibilidad de acceso a los mercados de deuda y ocurriría una nueva crisis en el corto plazo.”.Julián Lazo Stegeman
