Las características zoonóticas y de impacto antrópico, de las sociedades sobre la naturaleza, que configuran a la pandemia del coronavirus, grafican de una forma muy triste la necesidad que tenemos como sociedad de reflexionar sobre el modo de producción vigente para, de esta manera, comenzar a analizar nuevas alternativas que procuren que el sistema actual empiece a contemplar formas más sustentables de funcionamiento.
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Si bien, a nivel mundial, en la finitud de la agenda mediática el COVID-19 se ha hecho con casi la totalidad del espacio, en la Argentina existe una problemática que también nos permite pensar estas cuestiones: la depredación de los recursos ictícolas en nuestro país.¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en el litoral argentino? El medio digital AIM y el diario El Litoral, entre otros, vienen informando acerca de esta temática y comentan lo siguiente: frente a la pronunciada y persistente bajante del río Paraná, los gobiernos de las provincias de Chaco y Corrientes decretaron la veda total de pesca, ante el impacto negativo de este fenómeno que amenaza seriamente el recurso. Empero, Entre Ríos y Santa Fe aún analizan si realizan algún tipo de medida. Ambas son las provincias con más frigoríficos dedicados al acopio de fauna ictícola del país. En "la bota" hay empresas dedicadas a la exportación en Coronda, Villa Constitución y en Arroyo Leyes, mientras que en Entre Ríos cuenta con grandes acopiadores en Victoria y Diamante. "Esos pescados, extraídos de forma masiva (en miles de toneladas anuales) directamente de su entorno ambiental, con pocas o nulas medidas sanitarias, son almacenados (acopiados) en frigoríficos que luego exportan el producto. Y a diferencia del resto de los frigoríficos (aves, cerdos, vacunos) no atraviesan ningún control ni seguimiento sanitario, tal como por ejemplo los planes de vacunación animal, registro de marcas, etcétera. Simplemente sacan el pescado, lo congelan y lo exportan, manteniendo cautiva una masa de trabajadores (pescadores) que no están inscriptos en relación de dependencia y son pocos inscriptos en algún monotributo social", comentó Néstor Baldacci, ex presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Santa Fe y miembro del Consejo Provincial Pesquero de Santa Fe. Pescar para abastecer a estos importantes acopiadores significó que la pesca comercial abandone las técnicas tradicionales para ir hacia una extracción masiva de las especies. "Muy pocos de los actuales pescadores son los isleños de ley de toda la vida, quienes sí reconocen qué pescados sirven y cuáles no", observó el abogado ambientalista. Es decir que quienes trabajan ahora en abastecer a los grandes frigoríficos no ponen la lupa en el tamaño ni son criteriosos en que tal o cual especie está vedada, según su período de protección. Al respecto, Baldacci opinó: "Éste es el problema de base que tenemos, pero actualmente con la situación de ríos extremadamente bajos, todos los cardúmenes de peces que —en condiciones hidrométricas normales— pueden escaparse por el Delta del Paraná, al no tener caudal de agua se refugian en un solo río y se embotellan, es un embudo" (Fuente: www.aimdigital.com.ar).Ante las inclemencias hídricas y climáticas, como con cualquier otro problema que involucre al medio ambiente, es importante que los integrantes de las cadenas productivas adopten formas y medidas para no dañar la fauna y biodiversidad regional. Para esto, es importante el equilibrio entre el logro de rentabilidades y la responsabilidad empresarial. Un sistema económico más sustentable, que le otorgue un lugar verdaderamente importante a la naturaleza, debería enmarcar la cadena productiva en ciertos estándares donde no se arruine el ecosistema de los ríos. A propósito de este tema, nuestra Constitución Nacional tiene algo para decir: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos". Asimismo, en Argentina también se ha establecido la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), cuyo artículo número 4 marca los Principios de la Política Ambiental de nuestro país. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes:Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.En esta legislación, se puede observa que los poderes del Estado están obligados a actuar ante cualquier situación que perjudique al entorno ambiental. De hecho, en estos modelos productivos dañinos para los ecosistemas regionales, la inacción o ineficiencia de las autoridades estatales las convierte en cómplices de aquellos sectores privados que no respetan el derecho de los demás ciudadanos.Ante una situación tan crítica como la que vive todo el litoral, donde su mayor riqueza compartida son los ríos y los recursos que los integran, entre ellos los peces y la fauna acuática en general, es menester atender la gravedad de las consecuencias que causa la depredación ictícola, elevada a la máxima potencia por la histórica bajante que atraviesa toda la cuenca del río Paraná (Fuente: Diario El Litoral).Si bien en las provincias que integran el litoral argentino se están tomando medidas, es pertinente que desde Nación se haga un esfuerzo aún mayor para dar soluciones a una contingencia que puede afectar gravemente a esta región. Asimismo, es preciso recordar que quien permite esta pesca comercial es el Gobierno Nacional a partir del DNU de aislamiento obligatorio que ubicó dentro de las excepciones a la actividad agrícola, ganadera y la pesca continental. En ese entonces, no se tomó en cuenta la bajante del río. Por este motivo, sería oportuno reconsiderar esta situación y accionar con medidas y esfuerzos acordes a lo que se está vivenciando en esta materia.
