Las cosas por su nombre

Durante estos días, la intención del Gobernador de nuestra provincia, Gustavo Bordet, de ajustar a asalariados activos y jubilados mediante un "proyecto de emergencia", se convirtió en ley de la mano de sus legisladores aliados. La nueva normativa congela los sueldos del sector público por un año y sube los aportes de salarios mayores a $100.000, los cuales tendrán una alícuota del 20% y el 22% en los sueldos de más de $200.000. Asimismo, los jubilados de más de $75.000 tendrán que efectuar un "aporte solidario extraordinario" en un esquema de alícuotas que empieza en el 4% y llega al 10% para los haberes de más de $300.000 (Fuente: www.lapoliticaonline.com).Bajo la excusa de una "emergencia solidaria", el Gobernador envió esta iniciativa días atrás a la Legislatura Provincial, la cual la convirtió intempestivamente y en tiempo récord en ley. Además de lo planteado en el párrafo anterior, la misma dispone, también, que las entidades financieras y bancarias cumplan con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas. Además, se suspenden las facultades atribuidas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado para "el incremento de haberes cualquiera fuera el concepto o denominación, por fuera de lo que pudiere acordarse en el marco de las Paritarias de la Administración Central" (Fuente: www.entreriosahora.com). En medio de estos sectores alcanzados por la nueva legislación, se puede observar que la misma incluye a dos segmentos de la sociedad civil usualmente perjudicados por los poderes estatales, tanto nacionales como provinciales: los jubilados y trabajadores activos.A propósito de esta cuestión, la Multisectorial de Jubilados en Defensa de la Ley 8732 manifestó su "más profundo rechazo" cuando comenzó a circular lo que era este proyecto de "emergencia" del Poder Ejecutivo provincial. En una carta abierta ni bien se conoció la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, desde la Multisectorial indicaron que "el gobernador Gustavo Bordet pretende imponer a los trabajadores jubilados un 'aporte solidario' que va del cuatro al diez por ciento de los haberes nominales y se olvida que los jubilados aportamos 25, 30 o más años para poder gozar de nuestro haber previsional, que no es un favor, es un derecho". En ese marco, apuntaron que "parece ser que, para la clase política, el salario de los trabajadores activos y jubilados es el terreno más accesible para llevar adelante el ajuste en favor de la 'sustentabilidad' de la provincia, pero de ninguna manera cargaremos con ese peso, no somos los responsables de los desmanejos de los gobiernos y de modo alguno no vamos a permitir este recorte confiscatorio sobre nuestros haberes" (Fuente: www.aimdigital.com.ar).En este punto, es sumamente pertinente llamar a las cosas por su nombre y por lo que son. Esta ley que alude a la "solidaridad" no es tal. Hay que referirse a ella como una legislación de ajuste hacia asalariados activos y jubilados. Es un recorte de sus derechos y de lo que logran y han logrado conseguir dignamente mediante sus respectivos trabajos. Otra vez un sector del poder estatal obra en contra de la sociedad civil. Debieran saber nuestros supuestos representantes que no ocupan esos lugares del poder público para financiar sus erróneos manejos de gestión, sino para cuidar y evitar las vejaciones de los derechos de los ciudadanos.