Este intelectual alemán hizo del "poder" uno de los centros de su reflexión. Su estudio puede servir para entender mejor los orígenes de la legitimidad. Él planteaba que en toda sociedad humana existen unos determinados sistemas de interacciones e interrelaciones sociales entre los diferentes integrantes que la componen y que detrás de estos casi siempre se esconde un sistema estructurado de dominación. La dominación -según Weber- es la capacidad de ciertos individuos y grupos de suscitar la obediencia más o menos voluntaria de otras partes de la sociedad. Esta obediencia no es total, está acotada a unos "mandatos" específicos. En el caso de los regímenes democráticos, la dominación proviene de unos representantes legitimados en las urnas y la obediencia se acota a los mandatos ejecutivos y legislativos de éstos. La "voluntariedad" de la dominación es un hecho importante; a diferencia del poder puramente coercitivo que se mantiene principalmente por la imposición, el poder legitimado, la dominación, se mantiene porque los dominados están convencidos de la "positividad" de su obediencia. Entonces, cabe preguntarse cómo surge este convencimiento. Weber dice (con el foco en la historia) que esta legitimación puede surgir, principalmente, de tres fuentes distintas, tres tipos ideales (que pueden darse al mismo tiempo):● Legitimación del poder tradicional: esta se basa en "la fuerza del pasado", en la tradición del grupo. Por ejemplo, las antiguas monarquías hereditarias fundamentaban su poder en la antigüedad de su linaje.● Legitimación del poder carismática: esta proviene de la apreciación de los atributos individuales (percibidos) de un líder particular, del carisma de éste.● Legitimación del poder legal-racional: esta deriva de argumentos (ético)racionales. Por ejemplo: "el gobernante manda porque lo dice la ley". Esta legitimación suele estar presente en las democracias representativas: los representantes gobiernan porque se piensa que su elección "limpia" (siguiendo las leyes) en las urnas es la mejor forma posible (la más justa) de gobierno del "pueblo". (Fuente: www.reflexionessociales.wordpress.com).Dado que vivimos en un país apegado al Estado de Derecho, cuya base fundamental es la Constitución Nacional, es pertinente hacer foco en la legitimación del poder racional-legal. Si nos posicionamos en este tipo ideal, se puede decir que la legitimidad del poder para tomar ciertas decisiones debería estar anclada en cuestiones legislativas y jurídicas. Es decir, entonces, que las medidas de aislamiento y distanciamiento social y obligatorio tendrían que permanecer fundamentadas en algún sustento legal. A propósito, abogadosconstitucionalistas consultados por la periodista Mariel Fitz Patrick para el medio Infobae, analizaron cuáles son las alternativas y fundamentos legales que poseen los mandatarios para disponer de estas medidas. El constitucionalista Domingo Rondina explica que "lo único que conocemos son los estados de excepción, de los cuales el más clásico en Argentina es el estado de sitio, que implica una suspensión de derechos y garantías constitucionales. La Constitución le da al Presidente la facultad de dictarlo ante dos situaciones: un caso de ataque exterior o de conmoción interior. Este último caso sería el aplicable a la epidemia que estamos viviendo. Sería la única figura legal para limitar la libertad ambulatoria o la libertad corporal". Para Diego Armesto, docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, "la propagación del coronavirus generó una situación de excepción en la cual es necesario poner por encima de todo el bienestar general, la salud y la vida". Y precisa que la reforma de la Constitución de 1994 le dio al Presidente dos herramientas para que pueda hacer frente a una situación de emergencia o estado de excepcionalidad: la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo - como lo fue la aprobación de la Ley de Emergencia- y los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Para el constitucionalista Daniel Sabsay, en cambio, no es necesario el estado de sitio para dictar una cuarentena y alcanzaría con el dictado de un DNU que fije los límites de posibilidades de tránsito dentro del país.Además de estas cuestiones marcadas por los especialistas y los aportes teóricos de Max Weber sobre la legitimidad y el poder, es fundamental resaltar que en este escenario tan extremo, tanto el Gobierno Nacional como los ejecutivos provinciales deben construir en la sociedad civil el consenso necesario para continuar con estas medidas y que las mismas no pierdan legitimidad. En este sentido, ya no alcanza sólo con conferencias de prensa, de carácter pedagógico, para explicarle a la ciudadanía los datos, resultados y bondades de las normas de aislamiento y distanciamiento. Es así que, por ejemplo, el oficialismo nacional debería oír las demandas de ciertos sectores sociales como las pymes, trabajadores informales, changarines, monotributistas, entre otros, y observar que los programas de asistencia como el IFE o el ATP, si bien tienen la capacidad de brindar respuestas en estos momentos tan complicados, no son suficientes, no logran incluir a la totalidad de la masa de asalariados que los necesitan y, muchas veces, tampoco están llegando a cubrir todas las pymes, ya sea esto por normativas poco claras que se pisan entre sí o por errores en la implementación de las medidas. Es preciso resaltar que la legitimidad también pasa por crear consenso mediante la acción efectiva.Es cierto que el COVID-19 se desató en un momento donde el mundo no estaba preparado, por ende, los gobiernos mundiales, en su mayoría, están transitando un contexto novedoso y a la vez muy complicado. Por esta razón, existen los errores de gestión. De todas maneras, es menester de los propios gobernantes actuar rápidamente cuando realizan un paso en falso e intentar buscar la solución oportuna para, primero, cuidar la salud de las personas y ,luego, asistir a aquellos segmentos sociales afectados por las contingencias económicas agravadas por el coronavirus

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