En un país donde verdaderamente se respetan los pilares fundamentales de toda república, como lo es la división de poderes, el comunicado difundido por la AMJA (la cual representa a una gran parte del Poder Judicial nacional) es un gravísimo llamado de atención acerca de lo que está sucediendo en Argentina pese a que, a causa de la vorágine electoral, no tiene la suficiente trascendencia en la agenda pública. A la lista de 21 jueces y juezas federales "espiados" a través del sistema de registros de entradas y salidas del país de la Dirección Nacional de Migraciones se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. Sus movimientos habrían sido monitoreados de manera ilegal en dos ocasiones cuando era presidente de la Corte Suprema, según detectó el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que está a cargo de la investigación sobre presunto espionaje ilegal desde varios organismos del Estado. Ahora el juez también envió oficios para establecer si el mismo tipo de rastreo de información personal se hizo respecto de jueces y juezas del resto del país, ministros del Poder Ejecutivo, gobernadores y ministros provinciales, y figuras de la oposición al gobierno. Se trata de determinar los alcances de posibles operaciones de inteligencia ilegal , respecto de las cuales no está claro si existe una centralización o son maniobras variadas con conexiones sueltas con el Gobierno actual, durante el cual proliferaron los aprietes y carpetazos (o intentos de) a miembros del Poder Judicial (Fuente: Irina Hauser para Página 12). La posible utilización de herramientas estatales para el espionaje de integrantes del Poder Judicial por parte del Gobierno Nacional, de confirmarse a raíz de esta investigación, sería una severa vejación no solo a los estamentos más importantes de la república sino, también, un accionar sumamente negativo en contra de los derechos y garantías de los individuos. Ningún Gobierno de turno puede utilizar sus instrumentos públicos, financiados por todos los ciudadanos, para intereses partidarios. A esto se le agrega que los mencionados instrumentos serían usados para espiar por fuera de la ley a personas libres en el seno de una democracia como la nuestra. A su vez, se torna imprescindible redundar en lo que ya se expresó más arriba: ningún poder republicano puede interceder, obstaculizar o presionar a los otros. Una república donde la división de poderes es desde el discurso, pero no desde la acción, se observa desconfigurada en su integridad. Lo que hasta ahora detectó el juzgado de Canicoba Corral es que, sobre 22 jueces, a través de diferentes usuarios, y dentro de los últimos dos años, se hicieron consultas sobre movimientos migratorios que no estarían motivadas por ninguna causa judicial, actuación administrativa, protocolo ni expediente de ninguna índole. Por lo tanto, sería una modalidad de espionaje para obtener información sobre determinados jueces y juezas. Los organismos desde donde se tramitaron esos datos privados son AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Procuración General y el propio Poder Judicial (Fuente: Irina Hauser para Página 12). La gravedad de este asunto sobrepasa cualquier debate electoral. Es imperante que, como una ciudadanía comprometida con la república, estemos atentos a estas cuestiones y prestemos fundamental atención a lo que esta ocurriendo con nuestro Poder Judicial. Esto que está sucediendo ahora es sólo un caso más de lo que parecería ser una ficticia división de poderes. Que el árbol no tape el bosque, que las propagandas electoralistas y los temas de coyuntura no tapen estas cuestiones de fondo.Julián Lazo Stegeman

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