El Gobierno creó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil para coordinar la nueva ley
A través de la Resolución 484/2026, el Ministerio de Justicia oficializó la creación de un área específica destinada a supervisar y coordinar la aplicación de la Ley 27.801, estableciendo nuevos mecanismos de control, capacitación y sistematización de datos sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente.
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El Gobierno nacional formalizó la creación del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, una estructura administrativa diseñada para coordinar las actividades del Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación de la Ley 27.801. Esta normativa, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente, cuenta ahora con un organismo centralizado para su ejecución efectiva, según lo dispuesto en la Resolución 484/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La medida, que lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques, establece que el programa funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, la cual depende de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. La vigencia de esta disposición comenzará a regir a partir de este sábado 26 de septiembre.
La conducción del nuevo espacio fue asignada a Débora Eliana Di Girolamo, quien desempeñará sus funciones con carácter ad honorem. Según el texto oficial, la coordinadora tendrá la responsabilidad de supervisar todas las acciones y líneas de trabajo que se ejecuten en el marco de este régimen, asegurando la coherencia en la implementación de la ley en todo el territorio nacional.
Funciones y alcances del programa
El programa tiene como objetivo principal promover la articulación entre los organismos nacionales y las diversas jurisdicciones. Entre sus funciones clave se destaca el desarrollo de un sistema integral para reunir y sistematizar información estadística e institucional. Asimismo, el organismo deberá administrar y supervisar el funcionamiento del cuerpo de supervisores del Régimen Penal Juvenil, estableciendo criterios homogéneos para sus intervenciones en el sistema.
Para garantizar la transparencia y la eficacia de la reforma, se prevé la implementación de mecanismos permanentes de seguimiento, monitoreo y evaluación. Estas herramientas permitirán medir los resultados de las intervenciones y generar datos precisos sobre el funcionamiento institucional, el cumplimiento de las medidas impuestas y los índices de reincidencia. La resolución también aprobó el Reglamento del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y el Manual del Supervisor Juvenil.
Además de las tareas de control, el programa se enfocará en la capacitación continua para magistrados, funcionarios y demás operadores del sistema de justicia penal juvenil. Este apoyo técnico y operativo se extenderá también al Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, creado oportunamente por decreto, con el fin de unificar criterios de actuación en todo el país.
Nuevas políticas de ciberdelincuencia
En paralelo a esta medida, el Ministerio de Justicia dispuso la creación del Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital, conocido como PRONACIB, mediante la Resolución 483/2026. Esta iniciativa, que también operará bajo la Subsecretaría de Política Criminal, tiene como propósito brindar orientación y patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes, reforzando así el marco de protección y asistencia integral en el ámbito digital.