El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para que las rutas concesionadas no paguen impuestos

Cero impuestos para las nuevas concesiones

El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para que las concesiones de rutas nacionales no paguen impuestos de ninguna jurisdicción, en el marco del proceso de privatización de los caminos viales dependientes de la Nación. La iniciativa oficial abarca inicialmente 6.000 kilómetros de rutas distribuidas por todo el país, que serán licitadas en los próximos meses, como parte de un nuevo lote de tramos a concesionar que llegará hasta los 12.000 kilómetros.

El plan del Ejecutivo fue dado a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su paso por el evento "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso. El funcionario precisó que todas las nuevas inversiones en rutas tendrán una propuesta de exención total de impuestos, tanto nacionales como provinciales y municipales.

El objetivo oficial y el rol de los gobernadores

Según explicó Caputo, el objetivo de la administración libertaria es generar mayor incentivo, abaratar el proceso de desarrollo vial y acelerar los plazos de las obras. De esta manera, la intención es que las empresas que asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional no queden alcanzadas por tributos de ningún nivel de gobierno.

Para que el beneficio impositivo incluya también las cargas provinciales y municipales, el Gobierno de Javier Milei deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes. Al respecto, Caputo se mostró confiado en lograr ese acompañamiento, al señalar que los mandatarios coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental.

Un contexto de fuerte recorte presupuestario

La nueva estrategia oficial en busca de mayor inversión privada en infraestructura vial se da en un contexto de una notoria reducción en los recursos destinados al sector, reflejada en las partidas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la DNV cayó al menor nivel en tres décadas, y en conjunto con el de la ANSV registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.

El mismo análisis detalló que las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales cayeron un 60% en términos reales entre 2023 y 2025, al pasar de $826.000 millones a $333.000 millones, con una proyección de $248.000 millones para 2026. Un panorama similar se observó en las partidas destinadas a obras de construcción vial, que bajaron de $1.054.000 millones en 2023 a $265.000 millones en 2025.

El impacto en las provincias

Desde la ACIJ remarcaron que la reducción de erogaciones se constata de forma generalizada en las jurisdicciones subnacionales. En la provincia de Buenos Aires, precisaron, el gasto devengado pasó de $468.500 millones en 2023 a $70.200 millones en 2025, con caídas de magnitud similar registradas en distritos como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.