Según señalaron los firmantes, desde hace varios meses se viene registrando “una preocupante escalada de hostigamiento” vinculada a profesionales que impulsan acciones judiciales relacionadas con contaminación industrial, daño ambiental, protección del río Paraná, sus humedales y la salud pública.

En el documento se cuestionan publicaciones realizadas por el diario “El Norte” de San Nicolás bajo el título “La Mafia del Derecho Ambiental”. Allí, las organizaciones sostienen que se habrían atribuido conductas delictivas y vínculos irregulares a abogados ambientalistas sin aportar pruebas, situación que interpretan como una campaña orientada a desacreditar a quienes participan en litigios ambientales de interés colectivo.

Además, el pronunciamiento incluye críticas hacia el Colegio de Abogados de San Nicolás por mantener abierto un trámite disciplinario considerado “infundado” por las organizaciones firmantes, así como también por la falta de una respuesta institucional frente a las publicaciones periodísticas cuestionadas.

Los integrantes de las entidades ambientales sostienen que este tipo de situaciones podría generar un precedente preocupante respecto al ejercicio profesional en causas vinculadas a derechos colectivos y ambientales. En ese sentido, advirtieron sobre posibles efectos intimidatorios hacia abogados y organizaciones que representan judicialmente a comunidades afectadas por problemáticas ambientales.

El texto también hace referencia a expresiones de solidaridad provenientes de distintos sectores del ámbito jurídico, organizaciones socioambientales y organismos de derechos humanos, quienes manifestaron apoyo al abogado Fabián Maggi.

Entre los puntos planteados en el comunicado, las organizaciones solicitaron:

el cese de todo acto de persecución contra el profesional;
el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú;
el fin de cualquier forma de intimidación institucional o mediática contra abogados que defienden derechos colectivos;
y garantías para el libre ejercicio profesional en causas ambientales.

Asimismo, remarcaron que “defender el ambiente, litigar contra la contaminación y ejercer el derecho de expresión sobre causas ambientales” forma parte de los derechos y deberes contemplados en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

El comunicado lleva las firmas de Romina Araguas, Lucas Micheloud, Rafael Colombo y Jorge Oscar Daneri, integrantes de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).