La iniciativa establece penas de prisión de entre 2 y 8 años, además de multas de hasta 12 veces el valor del daño ocasionado, para quienes destruyan, hagan desaparecer o dañen stocks de materias primas almacenadas en silo bolsas o instalaciones dentro de establecimientos rurales.

Según explicó el legislador, el objetivo es responder a modalidades delictivas que afectan al sector productivo y que, a su entender, actualmente no cuentan con sanciones suficientemente severas dentro de la legislación vigente.

El proyecto también contempla sanciones para quienes ingresen a propiedades rurales sin autorización. En esos casos, se prevé una pena de prisión de un mes a un año para quienes entren a un campo “contra la voluntad expresa” del propietario o de quien tenga derecho a excluir terceros.

En los fundamentos de la propuesta, Martín Ardohain señaló que muchas intrusiones clandestinas funcionan como tareas previas de inteligencia para cometer delitos posteriores en establecimientos agropecuarios. Asimismo, remarcó la preocupación existente por la caza furtiva, una práctica que —según indicó— provoca daños en alambrados, altera al ganado y genera riesgos para las familias rurales.

“La destrucción de un silobolsa no es un simple acto vandálico; es un ataque directo al esfuerzo productivo y a la capacidad exportadora del país”, expresó el diputado al presentar la iniciativa.

El proyecto deberá ahora ser tratado en el Congreso Nacional, donde ingresará al debate legislativo junto a otras propuestas vinculadas a seguridad rural y protección de la producción agropecuaria.