Proponen adherir a la Ley nacional que regula la protección de los derechos de personas en situación de calle

El martes 17 de junio ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.654, que fue sancionada el 9 de diciembre de 2021. La norma “establece el marco legal para la protección integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo”.

El proyecto, que es de autoría de la diputada de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, propone que se designe como autoridad de aplicación “al Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, o al organismo que en el futuro lo reemplace, con las atribuciones necesarias para implementar las disposiciones de la ley nacional y su Decreto Reglamentario N.º 183/2023”.

Justicia social

Lena expresó que el proyecto “se enmarca en una visión de justicia social, que reconoce que nadie elige vivir en la calle y que la exclusión habitacional es la consecuencia de múltiples factores estructurales: desigualdad económica, violencias familiares, salud mental no tratada, falta de redes de contención, discriminación, y ausencia de políticas habitacionales inclusivas”.

También consideró que “la situación de calle es un fenómeno multidimensional, que no puede reducirse a una intervención puntual o a una respuesta de emergencia” y entendió que “requiere, en cambio, de una política de Estado, con continuidad, recursos, y enfoque en derechos humanos. Este proyecto es un paso fundamental en esa dirección”.

Paso concreto

La legisladora sostuvo que “este proyecto, entonces, se presenta como un paso concreto hacia una provincia, más justa, solidaria y comprometida con los derechos humanos. Entre Ríos tiene la oportunidad, a través de esta adhesión, de asumir un rol activo en la construcción de políticas que no dejen a nadie fuera, y que garanticen condiciones mínimas de dignidad y cuidado para quienes hoy viven en la intemperie del sistema”.

Fundamentos

En los fundamentos, Lena sostuvo que la Ley Nacional Nº 27.654, sancionada el 9 de diciembre de 2021, “representa un hito en la legislación argentina al reconocer formalmente la situación de calle como una problemática estructural de derechos humanos, que requiere un abordaje estatal integral, sostenido y con enfoque de derechos. Uno de los principales avances que fundamentan esta iniciativa es la incorporación por primera vez, en el marco del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, del relevamiento específico de personas en situación de calle”.

Entre Ríos

La legisladora señaló que “en el caso de Entre Ríos, el Censo reportó un total de 1.426.426 habitantes, lo que representa un crecimiento del 15,4 % respecto al censo anterior de 2010”. Añadió que de aquel total “1.415.097 personas viven en viviendas particulares; 10.315 personas residen en viviendas colectivas, como refugios, paradores, instituciones asistenciales u otros tipos de alojamiento comunitario; 166 personas fueron registradas en situación de calle al momento del censo”.

Lena agregó que aquellos “166 casos —si bien numéricamente pueden parecer marginales— representan un universo de personas cuya vulnerabilidad es extrema: se trata de ciudadanas y ciudadanos que no sólo se encuentran fuera del sistema formal de vivienda, sino también frecuentemente excluidos de servicios esenciales como salud, educación, documentación, atención social y contención emocional como lo fuera en su momento la ex ley N°3011”.

También añadió que “la existencia de más de diez mil personas en viviendas colectivas también da cuenta de que muchas familias y personas viven en condiciones habitacionales transitorias, sin soluciones habitacionales definitivas, lo que las coloca en riesgo inminente de situación de calle. La Ley Nacional Nº 27.654 se construye desde el reconocimiento de esta problemática y plantea una respuesta estatal integral”.

Lena indicó que la Ley Nacional tiene entre sus objetivos principales “garantizar derechos fundamentales como la dignidad, la identidad, el acceso a la salud, la vivienda digna, la educación, el trabajo y la participación social; promover una mirada transversal y participativa en el diseño e implementación de políticas públicas; establecer obligaciones concretas para el Estado en sus distintos niveles”.

Estigmatizante

También resaltó que “la norma establece un conjunto de principios rectores que guían su aplicación: la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la interseccionalidad, la participación activa de las personas involucradas, y la no criminalización de la pobreza. Estos principios resultan fundamentales para pensar un modelo de intervención que respete y promueva la autonomía de las personas, en lugar de abordarlas desde lógicas asistencialistas, punitivas o estigmatizantes”.

Red

La ley fue reglamentada por el Decreto Nº 183/2023, que avanzó en la institucionalización de una Red Nacional de Centros de Integración Social, estableciendo protocolos de actuación interjurisdiccional, y formalizando mesas de trabajo participativas entre organismos públicos, organizaciones sociales y personas con experiencia directa en situación de calle.

Lena entendió que “la adhesión de Entre Ríos a esta ley nacional resulta necesaria por varias razones. En primer lugar, porque permitirá a la provincia coordinar esfuerzos con el Estado Nacional para acceder a recursos técnicos, presupuestarios y humanos que potencien las capacidades locales. En segundo lugar, porque habilitará la creación o adecuación de dispositivos provinciales, tales como centros de integración, programas de documentación, y unidades móviles de atención, con sustento legal y previsibilidad institucional. En tercer lugar, porque dotará de un marco jurídico claro y actualizado a las acciones que ya desarrollan organismos provinciales y municipales, garantizando estándares de calidad y enfoques comunes”.

Añadió que “en el plano municipal, la invitación a adherir permitirá que las ciudades con mayor concentración urbana —donde la situación de calle se manifiesta con mayor intensidad— puedan también alinear sus estrategias a una política pública nacional, fortaleciendo el abordaje territorial y comunitario”. (APFDigital)