El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) iniciará el próximo 1 de abril un programa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir su nómina en 1.500 agentes. La medida, aprobada por el Consejo Directivo del organismo a través del Acta 611, se inscribe en el plan de ajuste y reorganización del Estado promovido por el Poder Ejecutivo Nacional para reducir el gasto público y buscar mayor eficiencia administrativa.

Actualmente, el INTA cuenta con una dotación de más de 5.700 trabajadores, entre investigadores, técnicos, profesionales y administrativos. El objetivo oficial es llevar esa cifra a aproximadamente 4.200 empleados, lo que representaría una reducción cercana al 26% de la fuerza laboral total de la institución.

Alcance y condiciones del plan

El programa estará disponible tanto para el personal de planta permanente como para el de planta transitoria, regidos por la Ley 25.164 (Marco de Regulación de Empleo Público Nacional). Según lo establecido, los requisitos para acceder al retiro incluyen contar con una antigüedad mínima de tres años en el organismo y tener menos de 65 años al 31 de marzo de 2026.

El esquema de compensación propuesto contempla el pago de 1,5 haberes brutos por cada año trabajado (o fracción mayor a tres meses) en una sola cuota. Sin embargo, se establecieron topes según la edad del agente: quienes tengan hasta 60 años no tendrán límite de haberes; de 61 a 63 años el tope será de 24 haberes, y para quienes tengan 64 años, el máximo será de 12 haberes.

La convocatoria tendrá una duración inicial de 30 días corridos a partir de su apertura en abril, con la posibilidad de extenderse por otros 15 días adicionales según el nivel de adhesión.

Incertidumbre en el sector agropecuario

La noticia ha generado una profunda preocupación en las estaciones experimentales y agencias de extensión rural distribuidas en todo el país. El INTA es una pieza estratégica en la investigación aplicada y la transferencia de tecnología para el sector agroindustrial argentino.

Desde los sectores gremiales, como APINTA y ATE, advirtieron que un recorte de esta magnitud podría afectar gravemente la capacidad operativa del instituto y el desarrollo de proyectos científicos a largo plazo. Por su parte, el Gobierno sostiene que esta reestructuración permitirá redefinir el rol del organismo bajo un esquema operativo más ágil.

Quienes opten por el retiro voluntario quedarán inhabilitados para reingresar a cualquier dependencia del Sector Público Nacional por un período de cinco años.