Marcha Universitaria: el reclamo por financiamiento terminó con graves incidentes y 31 detenidos

Una multitud participó este jueves 15 de octubre de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires. La protesta tuvo como principal objetivo exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar mayores recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por graves incidentes en las inmediaciones del Parlamento, donde se registraron enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad. Según los reportes difundidos tras la movilización, 31 personas fueron detenidas y al menos ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

Piedrazos, gases lacrimógenos y camiones hidrantes

Los disturbios comenzaron durante la tarde, principalmente en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, cuando un grupo de manifestantes, algunos encapuchados, arrojó piedras y otros elementos contundentes contra los efectivos que custodiaban el Congreso.

Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a quienes protagonizaban los enfrentamientos.

Los incidentes provocaron corridas y momentos de tensión mientras se desarrollaba el acto central. También se denunciaron agresiones contra trabajadores de prensa y hubo personas que debieron recibir asistencia médica.

De acuerdo con los informes difundidos, seis detenciones se produjeron en las inmediaciones del Congreso y otras 25 fueron informadas en distintas estaciones ferroviarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el acto, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), CTERA y otras organizaciones difundieron un documento conjunto en defensa de la educación pública.

Las entidades advirtieron que las universidades nacionales atraviesan una situación presupuestaria crítica y señalaron que, de mantenerse las actuales condiciones, podrían tener serias dificultades para garantizar su funcionamiento durante 2027.

Entre los principales reclamos se encuentran la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles, el financiamiento de la investigación científica y el cumplimiento de la legislación universitaria vigente.

Los convocantes también cuestionaron el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo, al considerar insuficientes los recursos previstos para el sistema universitario. Según señalaron, la propuesta del CIN contempla un incremento del 33,4% respecto de los fondos proyectados oficialmente.

Además, denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar en 35.000 pesos desde 2024 y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

El Gobierno defendió el operativo de seguridad

Tras los enfrentamientos, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios y defendió la intervención de las fuerzas federales.

Desde el Gobierno consideraron que los episodios violentos buscaron alterar el orden público y anunciaron medidas judiciales contra los responsables.

Por su parte, sectores universitarios y dirigentes opositores cuestionaron el accionar policial y denunciaron una respuesta desproporcionada frente a la movilización.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, respondió a las declaraciones de la ministra y sostuvo que el presidente también tiene la obligación de respetar la Ley de Financiamiento Universitario.

Un conflicto que continúa sin resolverse

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en el centro del debate la situación económica de las universidades públicas argentinas.

Pese a los incidentes y a la intensa lluvia que acompañó el cierre de la jornada, las organizaciones convocantes ratificaron su reclamo de mayores recursos y exigieron que el Gobierno nacional cumpla con la legislación vigente.

El conflicto permanece abierto y las autoridades universitarias advierten que el financiamiento será determinante para garantizar la continuidad de las actividades académicas, científicas y de investigación durante el próximo año.