La política no puede construirse con una motosierra.

A más de un año del inicio del gobierno de Javier Milei, se impone una pregunta inevitable: ¿quién está pagando el costo del ajuste libertario?. El presidente construyó su narrativa sobre una promesa explícita: “la casta paga el ajuste”. Sin embargo, los datos disponibles muestran una realidad diferente que afecta no a los privilegios del poder político, sino al núcleo de los servicios públicos esenciales y a millones de ciudadanos que dependen de ellos. El recorte no ha sido quirúrgico, ni ha seguido criterios técnicos, ni ha pasado por auditorías que discriminen entre lo que debe corregirse y lo que debe protegerse. Ha sido, en cambio, un ajuste ciego, indiscriminado y socialmente regresivo que, a contramano de lo que planteaba la campaña mileísta, no impacta en la "casta política".

Salud pública: la herida del Garrahan.

Uno de los emblemas de la salud pública argentina es el Hospital Garrahan, centro pediátrico de referencia nacional e internacional. Según cifras recientes de UPCN, INDEC y CEPA, los salarios del personal del Garrahan cayeron un 35,5 % en términos reales desde noviembre de 2023. Esta merma no es solo una cuestión económica, sino una alerta sobre el vaciamiento progresivo de la salud pública. Detrás de cada número, hay profesionales de la salud que trabajan con menores en situaciones críticas y que hoy ven su capacidad de respuesta severamente limitada por la falta de recursos.

La caída de los salarios reales en salud no solo degrada las condiciones laborales, sino que promueve el éxodo de los profesionales. En paralelo, la demanda del sistema público aumenta, especialmente tras los incrementos de precios de las prepagas (dado que el Gobierno liberó los precios) y la salida de miles de afiliados. Se forma así un entramado complicado: menos capacidad de atención y más necesidad de ésta. Así se configura una fórmula que no puede sostenerse en el tiempo.

Educación pública: docentes en emergencia.

La situación de la educación pública no es menos alarmante. En las universidades nacionales, uno de los principales motores de formación profesional y pensamiento crítico del país, el ajuste también se siente con crudeza. Según AGDUBA y el INDEC, el salario real del docente universitario de dedicación semi exclusiva cayó un 27,9 % desde noviembre de 2023. Este deterioro del ingreso golpea la calidad educativa y amenaza con vaciar las aulas de docentes capacitados.

La reducción presupuestaria no solo afecta a los salarios: impacta en becas, infraestructura, programas de investigación y extensión y en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. La masiva marcha federal universitaria de abril fue la expresión contundente de un sistema que, lejos de ser parte del problema, es parte esencial de cualquier solución para el desarrollo nacional.

Ciencia y tecnología: el futuro en retroceso.

En un mundo donde la inversión en ciencia y tecnología es una de las claves del desarrollo soberano, Argentina ha optado por el camino inverso. Los datos, en base a CEPA, e-Sidif y el INDEC, muestran que el presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación cayó un 10,8 % en el primer cuatrimestre de 2024 respecto al mismo período de 2023 y un 19,4 % más en el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo lapso del año anterior. Esto representa un retroceso grave en áreas estratégicas como salud, producción, energía, cambio climático y educación técnica.

El recorte implica la paralización de investigaciones, la emigración de científicos, el congelamiento de becas y la degradación del sistema científico-tecnológico nacional, que llevó décadas construir. Las consecuencias no son inmediatas, pero son profundas: la pérdida de capacidades soberanas, la dependencia tecnológica y la imposibilidad de competir con países que apuestan, justamente, por lo que aquí se abandona.

Jubilaciones: promesas quebradas.

El presidente Milei en campaña repetía que no ajustaría sobre los jubilados. Sin embargo, los hechos lo contradicen. Según datos del INDEC, ANSES y REM-BCRA, las jubilaciones con bono se ubicaron en el trimestre abril-junio de 2025 un 15,7 % por debajo del último trimestre de 2023 en términos reales. Las jubilaciones sin bono, por su parte, también se mantuvieron un 3,1 % por debajo de ese mismo período. A esto se suma que el bono complementario —una herramienta para compensar las bajas mínimas— está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, erosionado por la inflación y la falta de actualización.

Esto no es solo un dato presupuestario: es una tragedia cotidiana. Son adultos mayores que deben elegir entre comprar medicamentos o comida. Que no pueden calefaccionar sus casas en invierno ni acceder a tratamientos básicos. Que ven cómo sus derechos se licuan en nombre de una supuesta estabilidad fiscal que los excluye.

Discapacidad: un sector sumamente golpeado.

El área de discapacidad ha sido otra víctima del ajuste. La Agencia Nacional de Discapacidad sufrió un recorte presupuestario del 17 % en 2024, lo cual afecta directamente la gestión de pensiones no contributivas, los programas de inclusión y el acceso a dispositivos, tratamientos y transporte. Además, el nomenclador —el listado que fija los valores de las prestaciones— permanece congelado desde diciembre de 2024, lo que implica que muchos prestadores comienzan a desertar del sistema por inviabilidad económica.

El resultado es una doble injusticia: personas con discapacidad que quedan sin atención y familias que deben enfrentar gastos impagables. Ajustar sobre este sector no solo es económicamente cuestionable; es moralmente inadmisible.

La promesa rota: ¿dónde está la casta?.

En medio de estos recortes, el eslogan fundacional del gobierno —"la casta paga el ajuste"— aparece desmentido por los hechos. No hubo reducción significativa en los salarios de legisladores, ni se eliminaron jubilaciones de privilegio, ni se avanzó en una reforma política profunda. El número de asesores legislativos se mantiene alto y el gasto en rubros como, por ejemplo, viajes oficiales (y no tan oficiales) no ha mostrado caídas proporcionales al resto del Estado.

La casta, parece, no paga el ajuste. Lo pagan los jubilados, los médicos, los docentes, los científicos y las personas con discapacidad. Lo pagan los hospitales públicos, las universidades nacionales y los organismos que sostienen el tejido social y productivo del país.

Ajustar sin auditar: ¿una política o un dogma?.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta política económica es su lógica dogmática. En lugar de auditar organismos, identificar irregularidades y sancionar a los responsables —como correspondería en una república—, se procede al cierre o desfinanciamiento generalizado de entidades clave como el INTA, el Conicet o Vialidad Nacional.

Cerrar un organismo entero porque “había curros” particulares carece de toda lógica. Lo razonable sería investigar, sancionar y corregir. Pero el camino elegido ha sido otro: destruir capacidades estatales sin distinguir entre lo necesario y lo superfluo y entre lo correcto y lo incorrecto.

Lo mismo ocurre con los subsidios. En lugar de segmentarlos, se eliminaron sin diferenciar entre realidades socioeconómicas diversas. El resultado: miles de familias trabajadoras, sin ahorros ni red de contención, enfrentan tarifas impagables, experimentando ellas el supuesto ajuste contra "la casta".

¿Estabilidad macro?.

Desde el gobierno se celebra el superávit fiscal como un trofeo. Pero conviene preguntarse: ¿de qué sirve una macroeconomía ordenada si se basa en la destrucción del entramado social? ¿Qué sostenibilidad puede tener un modelo que desincentiva la producción, la ciencia, la educación, la salud y la inversión en capital humano?.

La estabilidad real no se logra simplemente ajustando el gasto. Requiere desarrollo, inclusión, consenso y justicia. Ajustar puede ser necesario en determinados momentos, pero hacerlo sin criterio, sin segmentación y sin diagnóstico es, en los hechos, una forma de exclusión sistemática.

El ajuste de Milei no es una política técnica: es una decisión ideológica. No apunta a mejorar la eficiencia del Estado, sino a desmantelarlo. Y no lo están pagando los corruptos, ni los ñoquis, ni la casta: lo están pagando los sectores que más necesitan al Estado. Si no se corrige el rumbo, el supuesto orden macroeconómico puede convertirse en una ficción. La pregunta ya no es solo si hay que ajustar, sino cómo, a quiénes y con qué horizonte. Porque ajustar no es lo mismo que empobrecer. Y la política no puede construirse con una motosierra.

Julián Lazo Stegeman