La industria de la televisión por cable en Argentina atraviesa un momento crítico que
pone en riesgo su supervivencia. Mientras los operadores luchan por mantener su
base de suscriptores frente a la competencia del streaming legal e ilegal, los costos
del contenido se han disparado de manera exponencial, muy por encima de la
capacidad de traslado a los abonos. A esto se suma una creciente presión fiscal y
regulatoria que completa un escenario de perfecta tormenta para el sector.
Una ecuación que no cierra: los números de la crisis
Los datos son contundentes y revelan una distorsión alarmante en la estructura de
costos del sector. En los últimos 15 años, el costo del contenido del pack básico
para televisión se incrementó 1.300 veces, mientras que el precio del abono básico
que pagan los usuarios solo aumentó 169 veces. Es decir, los costos crecieron casi
8 veces más rápido que los ingresos.
En el caso del contenido premium de fútbol, la situación es aún más dramática: su
costo se multiplicó por 1.400 en el mismo período, mientras que el precio del abono
respectivo aumentó 755 veces. El resultado es que hoy el costo del fútbol premium
por sí solo supera el precio del abono básico, una inversión de la lógica comercial
que refleja la insostenibilidad del modelo.
Esta brecha creciente entre costos e ingresos ha erosionado dramáticamente los
márgenes operativos de los operadores, llevando a muchos al límite de la viabilidad
financiera. La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta cuándo puede sostenerse
esta ecuación deficitaria?
El absurdo de los precios por plaza
Paradójicamente, mientras la competencia en el mercado se ha multiplicado, los
programadores continúan aplicando una estructura de precios diseñada para la era
del monopolio. Hace años, cuando existía un único operador por plaza, el modelo de
pricing por abonado tenía cierta lógica. Pero hoy, con dos, tres o más operadores
compitiendo en cada mercado, más la oferta de plataformas ilegales como MagicTV
y otras, los programadores mantienen precios como si nada hubiera cambiado.
Esta rigidez en la política de precios ignora una realidad elemental: el mismo
contenido se está vendiendo múltiples veces en la misma plaza, a diferentes
operadores que compiten entre sí por una base de clientes que no solo no crece,
sino que se reduce sistemáticamente. Los programadores obtienen ingresos
multiplicados por cada plaza, mientras los operadores deben dividir entre varios una
torta de suscriptores cada vez más pequeña.

El resultado es una transferencia de valor brutal desde los operadores hacia los
productores de contenido, en un contexto donde ambos eslabones de la cadena
deberían estar colaborando para enfrentar amenazas comunes.
La tormenta perfecta: competencia, regulación y piratería
Como si el desequilibrio estructural de costos no fuera suficiente, el sector enfrenta
presiones adicionales que agravan el cuadro. Por un lado, la competencia de las
plataformas de streaming legales ha fragmentado el mercado y cambiado los
hábitos de consumo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Netflix,
Disney+, Amazon Prime y otras ofrecen contenido de calidad a precios competitivos,
sin permanencia y con la flexibilidad de ver desde cualquier dispositivo.
Pero el verdadero talón de Aquiles es la piratería. Servicios ilegales ofrecen todo el
contenido premium, incluyendo fútbol en vivo, por una fracción del costo de los
servicios legales. Y aquí reside una de las mayores contradicciones del sistema:
mientras los programadores exigen precios cada vez más altos a los operadores
legales, hacen poco o nada para combatir efectivamente la piratería que los
perjudica a todos.
A esto se suma una creciente presión fiscal y regulatoria. Municipios y provincias
ven en los operadores de cable una fuente de recursos y multiplican tasas y
gabelas. Más grave aún, existen intentos a nivel nacional de gravar la actividad para
financiar la Secretaría de Deportes, como si el sector pudiera absorber una carga
tributaria adicional en medio de esta crisis.
El resultado es un círculo vicioso: los operadores pierden abonados por la
competencia legal e ilegal, deben pagar costos de contenido cada vez más altos
calculados por plaza, enfrentan presión fiscal creciente, y tienen cada vez menos
capacidad de trasladar estos costos a una base de clientes menguante que,
justamente por los altos precios, sigue migrando hacia alternativas más económicas.
Un llamado de atención: el camino hacia el colapso
La situación actual no es sostenible y todos los actores de la cadena de valor
deberían comprenderlo. Si los dueños del contenido continúan ignorando la realidad
del mercado y mantienen su política de precios desconectada de la capacidad de
pago del sistema, el desenlace es predecible: habrá cada vez menos operadores
capaces de pagar por esos derechos.
Los programadores parecen operar bajo la premisa de que pueden exprimir
indefinidamente a los operadores, sin considerar que están matando a la gallina de
los huevos de oro. Cuando los operadores de cable colapsen, ¿a quién le venderán
su contenido? ¿A las plataformas piratas que hoy toleran? ¿A un mercado de
streaming saturado donde el contenido deportivo local tiene valor limitado?
Es imperativo que los programadores tomen conciencia de que están en el mismo
barco que los operadores. Necesitan ajustar sus modelos de precios a la nueva
realidad competitiva, reconocer que los márgenes de la era del monopolio son cosa
del pasado, y sobre todo, involucrarse activamente en el combate a la piratería. No
pueden pretender cobrar precios premium mientras permiten que sus contenidos
circulen gratis o a bajo costo en plataformas ilegales.

Del lado de los reguladores y legisladores, también es necesaria una dosis de
realismo. Gravar más a un sector en crisis no genera recursos sostenibles; solo
acelera su desaparición. En cambio, deberían enfocarse en combatir la piratería y
crear condiciones para que la actividad legal pueda competir en igualdad de
condiciones.
Conclusión: la encrucijada
La televisión por cable argentina está en una encrucijada. El modelo de negocio
actual, con costos de contenido que crecen 8 veces más rápido que los ingresos,
plazas compartidas entre múltiples operadores que pagan como si fueran únicos,
competencia desleal de la piratería y presión fiscal creciente, simplemente no
funciona.
La advertencia es clara: si no se produce un cambio de paradigma en la relación
entre programadores y operadores, si no se enfrenta seriamente la piratería, si no
se modera la voracidad fiscal, muy pronto llegaremos a un punto de no retorno. Los
operadores no podrán seguir pagando derechos cada vez más caros con un padrón
de abonados cada vez menor. Y cuando eso suceda, todos perderán:
programadores, operadores, el fisco y, fundamentalmente, los usuarios que se
quedarán sin una alternativa legal de acceso al contenido.
El momento de actuar es ahora. Cada día que pasa con estas condiciones
insostenibles, más operadores se acercan al límite. La pregunta ya no es si el
sistema colapsará, sino cuándo. Y la respuesta a esa pregunta depende de
que todos los actores involucrados comprendan que o se ajustan juntos a la
nueva realidad, o se hunden juntos en la irrelevancia.