No podemos naturalizar todo. El correcto funcionamiento democrático depende de ello.

En las últimas semanas, el nombre de José Luis Espert, diputado nacional por La Libertad Avanza, se vio envuelto en una controversia que excede la arena electoral y se adentra en un terreno mucho más complejo: el de los vínculos entre la política y el narcotráfico. El caso, que involucra al empresario argentino Federico “Fred” Machado —detenido y con pedido de extradición de los Estados Unidos por causas de narcotráfico, lavado de dinero y fraude—, abrió un debate necesario sobre los límites de la transparencia en la vida pública y sobre el peligro de naturalizar prácticas que, en cualquier democracia madura, encenderían todas las alarmas.

La historia tiene varios capítulos y protagonistas, pero una trama central: la transferencia de 200.000 dólares que, según documentos judiciales estadounidenses, Espert habría recibido en febrero de 2020 a través de un fideicomiso ligado a Machado y a su ex socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en EE.UU. por tráfico de drogas y conspiración. A esto se suma el uso de aviones y vehículos del propio Machado en plena campaña de 2019, lo que alimenta la sospecha de una relación mucho más profunda de lo que el propio diputado reconoce.

Espert admite haber conocido a Machado, haber volado en su avión privado y haber aceptado el dinero. Sin embargo, sostiene que se trató de un pago legítimo por una “consultoría minera” y no de un aporte de campaña ni de un vínculo espurio. Esa explicación, como veremos, resulta poco verosímil cuando se la analiza a la luz de los hechos, los montos y los antecedentes del supuesto contratante. Además, choca de frente con las pruebas judiciales en los Estados Unidos y con las regulaciones cambiarias vigentes en la Argentina al momento de la operación.

El perfil de Fred Machado.

Machado no es un empresario común. Es señalado por la justicia estadounidense como parte de una red criminal que utilizaba la compra y venta de aviones —a través de la empresa South Aviation, con sede en Florida— para operaciones de narcotráfico y lavado. Fue detenido en Argentina en 2021, en Río Negro, y desde entonces enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. Allí se le imputan delitos que van desde conspiración para traficar cocaína hasta fraude bancario y asociación ilícita.

Que un político nacional con aspiraciones de liderazgo haya aceptado favores y dinero de una figura de este calibre no es un detalle menor. Habla de los filtros laxos con los que parte de nuestra dirigencia maneja los aportes, las alianzas y las relaciones de poder.

Una explicación que no cierra.

Espert asegura que los 200.000 dólares que recibió en 2020 no fueron un aporte encubierto de campaña, sino un pago por servicios profesionales de consultoría a la empresa minera guatemalteca “Minas del Pueblo”. Pero hay varias razones para dudar de esa versión.

1.      El monto: se trata de una suma desproporcionada para una consultoría puntual en minería, área en la que Espert no tiene antecedentes reconocidos. El mercado de consultoría en Argentina no registra honorarios de esa magnitud para un profesional independiente.

2.      El vínculo previo: Espert ya había volado en aviones de Machado y utilizado vehículos de su entorno. Esto refuerza la idea de una relación de confianza y apoyo político, más que de un simple contrato comercial.

3.      El origen del dinero: la transferencia provino de un fideicomiso identificado por la justicia estadounidense como parte de la estructura utilizada para el lavado de fondos ilícitos. Que se utilice ese mismo vehículo financiero para pagar un servicio genuino es, cuanto menos, extraño.

4.      La opacidad fiscal y cambiaria: no hay evidencia pública de que Espert haya declarado este ingreso en su patrimonio ni que lo haya ingresado y liquidado al tipo de cambio oficial, como correspondía por ley. La Comunicación “A” 6770 del Banco Central de la República Argentina, vigente en 2020, establecía que toda persona física residente que prestara servicios al exterior estaba obligada a liquidar en el mercado de cambios las divisas percibidas dentro de plazos determinados. Si Espert cobró desde el exterior una supuesta contraprestación por trabajos realizados en Argentina, debió ingresar esos dólares al circuito oficial. No hay constancia de que lo haya hecho.

5.      La contradicción con la justicia estadounidense: el pago de 200.000 dólares en concepto de honorarios por asesoramiento a “Minas del Pueblo” de Guatemala no figura en las evidencias de la Fiscalía del Distrito Este de Texas sobre Fred Machado. Lo que sí aparece es un giro proveniente de la estructura fiduciaria de Machado y Mercer-Erwin, identificado como parte de las operaciones que derivaron en el pedido de captura del empresario argentino y en la condena de su socia. En otras palabras: la versión de Espert no coincide con los registros judiciales internacionales.

Con todos estos elementos sobre la mesa, la narrativa de Espert se vuelve insostenible. No alcanza con decir “no sabía quién era Machado”. La diligencia debida, el mínimo deber de cuidado, obliga a cualquier actor político a verificar con quién se relaciona, de dónde provienen los fondos que recibe y si cumple con las normativas fiscales y cambiarias de su propio país.

El riesgo de la narcopolítica.

Más allá de Espert y de las responsabilidades judiciales que la investigación determine, lo importante es entender qué está en juego. Cuando la política se entrelaza con el dinero del narcotráfico, aunque sea de manera tangencial o “involuntaria”, se abre la puerta a un fenómeno devastador: la narcopolítica.

La narcopolítica no se instala de un día para otro. Avanza a través de grietas de debilidad institucional: aportes de campaña sin control, favores logísticos naturalizados, relaciones personales que luego se vuelven compromisos políticos. El narcotráfico, como cualquier otra organización criminal, necesita de la política para protegerse, ganar influencia y lavar no sólo dinero, sino también reputación.

Y la política, cuando se permite esas zonas grises, pierde legitimidad. Pierde autoridad moral para exigir sacrificios a la ciudadanía, pierde fuerza para reclamar transparencia en otros ámbitos, pierde credibilidad frente al mundo.

No se trata de partidismos ni de operaciones.

Es tentador reducir este escándalo a una cuestión partidaria. Pero sería un error. El desafío que tenemos por delante como sociedad trasciende los colores políticos. Asimismo , sería erróneo sostener, como lo hacen los funcionarios y militantes de LLA, que esto se trata de una operación política contra Espert. Como ya se mencionó, toda esta cuestión está dentro de un proceso judicial en Estados Unidos.

En democracia, la reflexión debe ser más profunda: ¿qué controles estamos dispuestos a exigir? ¿qué estándares mínimos de transparencia aceptamos como ciudadanía? ¿qué nivel de compromiso esperamos de quienes dicen representarnos?.

La sociedad argentina no puede naturalizar que dirigentes de relevancia nacional viajen en aviones de empresarios investigados por narcotráfico, que reciban sumas millonarias de sus fideicomisos, ni que justifiquen todo con la liviandad de una “consultoría” que además contradice los expedientes judiciales y viola la normativa cambiaria local.

Una cuestión de ciudadanía activa.

La verdadera línea divisoria no pasa entre oficialismo y oposición, entre libertarios, peronistas, radicales, partidos de izquierda, agrupaciones vecinales o provinciales. Pasa entre quienes están dispuestos a naturalizar la penetración del dinero espurio en la política y quienes creemos que eso pone en riesgo la esencia misma de la democracia.

Porque cuando el narcotráfico se infiltra en la política, no sólo compra voluntades. Compra silencio. Compra impunidad. Y lo que pierde la ciudadanía es mucho más que transparencia: pierde derechos, pierde seguridad, pierde el futuro.

Por eso, este caso no debe quedar reducido a un expediente más en tribunales ni a un round mediático entre oficialismo y oposición. Debe servirnos de alerta, de oportunidad para elevar los estándares de control sobre el financiamiento de la política, para exigir explicaciones serias y no aceptarlas a ciegas, para no resignarnos a que “así funcionan las cosas”.

José Luis Espert tendrá la oportunidad de defenderse en la justicia y en el Congreso. Machado, por su parte, enfrenta un proceso de extradición que lo llevará a rendir cuentas en Estados Unidos. Pero el verdadero juicio no es sólo judicial: es social.

La ciudadanía debe preguntarse si está dispuesta a tolerar explicaciones inverosímiles, a mirar hacia otro lado, a relativizar lo que en otras democracias sería un escándalo de primer orden. Si lo hacemos, estaremos habilitando la consolidación de la narcopolítica.

No se trata sólo de Espert. No se trata sólo de un partido. Se trata de la integridad del sistema democrático y de nuestra capacidad de protegerlo de la corrupción y del crimen organizado. No podemos permitirnos naturalizar estos vínculos. No podemos resignarnos a que la política se manche con dinero sucio, ni a que se ignoren las leyes cambiarias y fiscales del país. Porque cuando eso ocurre, el precio siempre lo paga la sociedad.

Julián Lazo Stegeman