A través del Decreto 28/25, el Gobierno Nacional abrió el llamado a licitación para el corredor denominado Ruta del Mercosur, que abarca la Ruta 12, la Ruta 14 y el Puente Rosario-Victoria, entre otros tramos relevantes. Este proceso tiene un plazo estimado de un año hasta que se definan los nuevos adjudicatarios. Mientras tanto, desde hoy, Vialidad Nacional asume la administración de la ruta, lo que implica que estará a cargo tanto del mantenimiento vial como de la atención de emergencias. Esta tarea abarcará mejoras en la infraestructura y servicios para los automovilistas, sin la posibilidad de financiarlo mediante el cobro de peajes, según lo anticipado.

Dos propuestas frente a los despidos masivos

El lunes se convocó a una audiencia de conciliación entre representantes gremiales, Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte. No obstante, los delegados de los dos organismos estatales no asistieron, dejando en evidencia la falta de compromiso frente al futuro de los cientos de trabajadores afectados.

La respuesta no se hizo esperar. Un grupo de trabajadores de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA) llevaron a cabo inmediatamente un piquete en el peaje de Zárate, provincia de Buenos Aires, en reclamo por el inminente despido de una quinientas personas cuando finalice la concesión en la denominada “Ruta del Mercosur”. De ocho carriles, solo había dos disponibles para transitar. El Gobierno respondió enviando un contingente de Gendarmería Nacional para disipar la protesta. Ante la consulta de los medios, indicaron: “La empresa Caminos del Río Uruguay está en quiebra y el Gobierno de Javier Milei a decidido volver a concesionar. Pero, en el medio, nadie se va hacer cargo del mantenimiento de estas la rutas y tampoco del cobro de los peajes”

Desde el sector sindical, se expusieron dos alternativas para mitigar los despidos: “Prorrogar el contrato de concesión a Crusa hasta la toma de posesión de quien resulte adjudicatario de la licitación” o “el traspaso de los trabajadores a Corredores Viales por el tiempo que dure el proceso licitatorio para luego ser incorporados a la nueva concesionaria”. También manifestaron: “Es inadmisible que pretendan dejar este corredor fundamental para el comercio internacional de la Argentina en manos de quienes fueron los artífices y responsables de la desidia y el abandono de las rutas de nuestro país y refugio de varios personajes sospechados de estar ligados a maniobras de corrupción de la obra pública. Los trabajadores pueden y deben estar en los pliegos de
concesión”.

Vialidad suma obligaciones, pero también recorta personal

Mientras asume la gestión de nuevos corredores viales, Vialidad Nacional se prepara para aplicar un ajuste interno que implicará una reducción de su planta de personal, que pasará de 5.400 a 3.800 empleados. Además de los despidos, el plan de recorte incluye la suspensión de todas las obras en ejecución, sin importar su grado de avance. La argumentación oficial gira en torno a la falta de recursos presupuestarios, lo cual compromete la continuidad de los trabajos y, por ende, afecta directamente la seguridad vial y el desarrollo de infraestructura en el país. Esta medida repercute tanto en los empleados de la entidad como en las contratistas, que ven paralizados sus convenios sin una fecha cierta de reactivación.

Lo cierto es que las rutas hoy bajo la órbita de Vialidad Nacional presentan serias deficiencias. Hace pocos meses, el Ministro de Transporte de Santa Fe —provincia con buena relación con el Gobierno Nacional— advirtió: “La lógica del gobierno nacional en cuanto a paralizar la obra pública no puede aplicarse de manera tajante en la infraestructura vial, porque si las rutas no son mantenidas comienzan un deterioro progresivo que hacen crecer la peligrosidad, aumentan la inseguridad vial, hacen más cara su reparación y terminan multiplicando la cantidad de accidentes”.Resta ver qué destino le espera a la comunidad gualeya en su tránsito cotidiano por estos caminos sin conducción clara.