Pocas voces se atreverían a objetar las ventajas ambientales y económicas que, a largo plazo, pueden deparar las energías renovables. Más controvertidos resultan los atajos legales a los que apeló Mauricio Macri para seducir capitales en la reciente licitación para instalar usinas verdes.A través del decreto de necesidad y urgencia 882, el Poder Ejecutivo consagró una serie de ventajas adicionales a las otorgadas por los pliegos licitatorios para quienes resulten beneficiarios de nuevas obras en ciernes.El objetivo global fue asegurar un paquete de inversiones a ejecutar desde el año próximo que podría superar con holgura los u$s 1.500 millones, según las expectativas oficiales.La norma habilitó un cupo de u$s 1.700 millones para beneficios impositivos a las empresas que resulten adjudicatarias del concurso en marcha RenoVar 1 y dispuso la emisión de Letras del Tesoro por otros 3.000 millones para garantizar toda la operatoria de compra y venta de energía limpia.Esos avales se suman a la posibilidad que tienen los oferentes de contratar un seguro del Banco Mundial con idénticos fines. El marco de aquel compromiso oficial es el llamado a concurso para cubrir 1.000 megas con electricidad sin usar carburantes fósiles. Su propósito, limitar el riesgo argentino, presunto responsable de que el financiamiento hoy sea caro y que la energía verde cueste en la Argentina el doble que en otros países de la región.Pero el gesto tal vez más osado de aquel DNU -que en sí mismo entraña la audacia política de eludir el debate parlamentario sobre el tema- es prever la estatización de los activos en caso de que los adjudicatarios tengan dificultad para cobrar sus contratos, no puedan comprar divisas o girarlas al exterior.La misma fórmula se activa en caso de que un gobierno desmantele el sistema de avales organizados a través del Foder, fondo fiduciario para el desarrollo de energías renovables que asume estas obligaciones. Es la figura que en la norma se denomina "opción de venta".A través de la "opción de compra", el Estado también puede a través del Foder comprar esos activos si el dueño de la usina no contaminante incurriera en un incumplimiento que sea causal de rescisión del contrato.Si el oferente está en falta, Energía podría elegir incorporar sus activos al patrimonio público y, en caso de hacerlo, la empresa privada no podría negarse.La estatización de las futuras usinas (o los activos asociados al proyecto) no está concebida como una penalización al inversor sino como un salvataje si las circunstancias cercenan su negocio, salvo que esté en falta flagrante.En ese segundo caso, el Estado lo puede forzar a vender, a un precio ya pautado de antemano y que contemplará cuidadosamente qué tramo de la inversión aún no fue amortizado.El novedoso esquema plantea un reaseguro casi total para quien debería realizar una apuesta de riesgo. "Cuidamos el interés estatal: habrá auditorías y no se comprarán bienes que no valgan la pena o se descontará del precio el valor del mantenimiento que no se hizo", precisó ante este diario Mauro Suárez, director de Energías Renovables de la cartera energética.Norma excepcionalEl decreto es bastante singular por su carácter múltiple.El Gobierno tuvo que apelar a una norma excepcional para habilitar ese posible rescate de activos y para fijar un cupo libre de impuestos a estas iniciativas. Sólo con un DNU podrían lograrse esos cometidos.Pero el texto también dispone otras cosas que podrían haberse resuelto por la vía de un decreto normal o en uso de poderes delegados al Poder Ejecutivo."Hubo tanto consenso sobre la ley de Energías Renovables, que descontamos que no habrá ningún problema con los legisladores", confía Suárez, descartando un desaire del Parlamento, donde los DNU siempre se miran con desconfianza.Para cobrar vigencia tiene que lograr el aval del Congreso, pasando primero por la Comisión Bicameral que entiende en el tema. El carácter normalmente vidrioso que tienen estas normas podría complicar el trámite, si la oposición levantara objeciones. Sin embargo, este riesgo no fue óbice para que el Gobierno atara la suerte de una licitación a él.El texto crea otros anzuelos para los capitales verdes, tendidos luego de una ronda de consulta con los interesados sobre los pliegos y consagrados en el decreto en cuestión. Uno es que se amplió de 20 a 30 el plazo máximo para los contratos. Otro, que se habilitó la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier pleito entre los oferentes y el Estado.Valen los tribunales argentinos. Pero si alguna empresa prefiriese resolver una discusión en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, tribunal bancomundialista) u en otra instancia foránea, tendrá la puerta abierta.La administración macrista entendió que, con los recuerdos frescos del default y del cepo cambiario, era imprescindible un esfuerzo mayor para succionar dólares. Aunque haya habido varias pruebas de interés genuino de potenciales inversores extranjeros antes de pulir los pliegos que acaban de completarse con aquellas prerrogativas.Según el cronograma que prevé la ley de Energías Renovables 27.191, a fines del año próximo el 8% de la electricidad del sistema debe ser cubierta con fuentes renovables (eólica, solar, biomasa, pequeñas hidroeléctricas, etc.), obligación que específicamente también recae en los grandes usuarios.Será Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anómina) la que comprará toda la energía que entreguen los proyectos en representación de las grandes demandas y de las distribuidoras.Cammesa, una firma mixta bajo control estatal, hoy maneja los millonarios recursos destinados a subsidiar el sistema eléctrico. Por este hecho, los contratos de compra de electricidad que firme con participación del Foder obligan de facto a la caja pública. Aquí un punto clave.En un futuro, si se extinguieran los subsidios energéticos, podrá transferir esos contratos a las empresas por ella representadas. Será cuando grandes usuarios (incluidas las usinas generadoras) y distribuidoras paguen íntegro el costo de la electricidad que se genera. Con los ajustes tarifarios paralizados por la puja en tribunales, hoy apenas cubrirían menos del 40% de ese valor.

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