Escándalo institucional: detectan faltante de dinero y desplazan al tesorero municipal
Una auditoría interna detectó irregularidades financieras en las arcas públicas de Gualeguay, lo que desencadenó el inicio de un sumario administrativo y el cambio urgente de todas las claves de acceso a los fondos. El oficialismo presentará un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para remover al funcionario, un cargo que requiere por ley el acuerdo legislativo. Hermetismo en el Palacio Municipal a la espera del debate parlamentario.
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Una profunda crisis institucional y administrativa sacude por estas horas al Municipio, luego de que se detectara un importante faltante de dinero dentro de las arcas públicas. La gravedad del hecho derivó de inmediato en una serie de medidas de contingencia que, según confirmaron fuentes inobjetables con acceso directo al despacho oficial, incluyeron el cambio total de las claves digitales y las llaves de acceso físico a los depósitos y cuentas del Estado local.
Ante el hallazgo de las irregularidades financieras, el Poder Ejecutivo dispuso la apertura inmediata de un sumario administrativo para determinar el alcance del desvío y deslindar responsabilidades directas sobre el manejo de los fondos. Paralelamente, la conducción política resolvió avanzar de forma drástica sobre la situación del tesorero municipal, señalado como el principal responsable del área bajo sospecha.
Sin embargo, el desplazamiento del funcionario no es un resorte exclusivo del Ejecutivo. De acuerdo con la normativa vigente en la provincia de Entre Ríos, el cargo de Tesorero posee estabilidad institucional y su designación —así como su destitución— requiere de forma obligatoria el acuerdo del Poder Legislativo. Por este motivo, la intendencia ya se encuentra elaborando a contrarreloj un proyecto de ordenanza de remoción que será ingresado formalmente al Concejo Deliberante en las próximas horas.
Voceros de estricta confianza, pertenecientes tanto a las bancadas de la oposición como a las filas del oficialismo, confirmaron de manera coincidente a este medio la veracidad del faltante y la inminencia del tratamiento legislativo para formalizar el desplazamiento del tesorero. Desde la oposición cuestionaron que en seis años de gestión jamás se presentó un un balance de tesorería al Concejo, lo cual forma parte de los deberes del Ejecutivo.
A pesar de la confirmación transversal del hecho, en el plano público domina un estricto hermetismo. Desde el bloque oficialista y el entorno del Ejecutivo evitarán realizar declaraciones formalizadas ante la prensa o referirse al tema de manera abierta hasta tanto el proyecto de ordenanza ingrese formalmente y sea comunicado sobre tablas en el recinto del Concejo Deliberante. Se espera que este lunes se rompa el silencio institucional y empiece a echar luz sobre el monto definitivo del dinero sustraído a la comunidad.