Desarticularon una red de cigarrillos falsos que operaba desde Entre Ríos y tenía fábrica en San Luis

La Fiscalía Federal de Gualeguaychú desarticuló una organización criminal dedicada a la producción, distribución y comercialización de cigarrillos con marcas falsificadas, estampillas fiscales apócrifas y productos sin la debida registración tributaria. La investigación, que insumió casi dos años de trabajo, culminó con 24 allanamientos simultáneos en cinco provincias, el hallazgo de una fábrica clandestina con capacidad para producir unos 700 millones de cigarrillos por año y el secuestro de más de 54 toneladas de tabaco y alrededor de 14 millones de estampillas fiscales falsas junto con maquinaria industrial. Cinco personas fueron imputadas. Según los representantes de las tabacaleras afectadas, se trata de la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia argentina.

Cómo comenzó la investigación

La causa se originó en julio de 2024 a partir de información aportada por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Paranacito, dependiente de la Prefectura Naval Argentina, sobre la comercialización de cigarrillos presuntamente apócrifos en comercios de Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos.

Ante la posible existencia de una estructura de distribución más amplia, el Ministerio Público Fiscal inició actuaciones preliminares y encomendó tareas investigativas para identificar a los proveedores, los canales logísticos y el origen de la mercadería. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, encabezada por el fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo y el auxiliar fiscal Matías Emmanuel Silva, con la autorización del Juzgado Federal a cargo del juez Hernán Viri.

Una organización con alcance interprovincial

La investigación permitió establecer que la organización operaba mediante una estructura compleja que abarcaba las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis, comprendiendo todas las etapas del circuito comercial: desde la fabricación hasta la distribución mayorista y minorista, pasando por el transporte y el almacenamiento. También se detectaron indicios de operaciones transfronterizas vinculadas con el ingreso y egreso de mercadería hacia países vecinos.

Según la hipótesis fiscal, los productos eran elaborados en una planta clandestina ubicada en la ciudad de San Luis, detrás de una estructura societaria aparentemente legítima. Desde allí se distribuían a distintos puntos del país mediante empresas transportistas y una red de distribuidores que abastecía a comercios minoristas. La planta tenía capacidad para fabricar aproximadamente 700 millones de cigarrillos por año y habría generado ganancias ilícitas estimadas en unos 32 millones de dólares.

Dos años de inteligencia criminal

Las primeras medidas incluyeron vigilancias, compras controladas, análisis de documentación comercial y seguimientos sobre los circuitos de distribución. Con el avance de la pesquisa se incorporaron intervenciones telefónicas, análisis de movimientos logísticos y relevamientos patrimoniales.

Las tareas de vigilancia permitieron observar maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, entregas en comercios minoristas y movimientos logísticos coordinados entre distintos integrantes de la organización. En algunos procedimientos encubiertos se constató la venta de estos productos, que no se encontraban exhibidos al público y cuya comercialización se realizaba en efectivo, modalidad que, para la fiscalía, buscaba reducir la trazabilidad de las operaciones.

El operativo "MK8" y los secuestros

Con las evidencias reunidas durante casi dos años, el Ministerio Público Fiscal solicitó los allanamientos, autorizados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú y ejecutados por personal de la Prefectura Naval Argentina. El operativo, denominado "MK8", fue llevado a cabo por personal de Inteligencia Criminal de Paranacito y Gualeguaychú y permitió concretar los procedimientos en inmuebles de Entre Ríos, San Luis, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El resultado fue el secuestro de 54 toneladas de tabaco, aproximadamente 14 millones de estampillas fiscales falsas y equipamiento industrial capaz de sostener una producción masiva.

Las figuras penales investigadas

Además de las posibles infracciones vinculadas con la propiedad intelectual por la falsificación de marcas registradas, la fiscalía busca establecer si la maniobra generó una evasión fiscal de gran magnitud debido a la falta de tributación de los impuestos que gravan la actividad tabacalera. También se investigan posibles maniobras de lavado de activos relacionadas con las ganancias obtenidas de la comercialización ilegal.