Elevan a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Sergio Urribarri

El exgobernador Sergio Urribarri deberá enfrentar un juicio oral y público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público. Así lo resolvió este miércoles el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, quien dispuso la apertura de la causa a juicio. En el mismo legajo está imputado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, señalado por la acusación como partícipe secundario.

La hipótesis de la Fiscalía

Según la acusación, Urribarri se habría valido de Cardona Herreros y de Rubén Ángel Martínez —quien ya resolvió su situación mediante un juicio abreviado— para disimular su patrimonio real y administrar sus fondos y bienes. La intervención de terceros formaría parte, según la Fiscalía, del mecanismo utilizado para ocultar la titularidad o el destino de esos recursos.

Los montos atribuidos a Urribarri ascienden a 11.546.740,92 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros; en el caso de Cardona Herreros, a 8.673.275,42 pesos, 7.155.783,71 dólares y 14.100 euros.

Tras analizar la acusación, Budasoff consideró que la Fiscalía precisó el incremento patrimonial que considera ilícito, a quién se lo atribuye, el período en que habría ocurrido, la modalidad y los intervinientes, con operaciones detalladas año por año y respaldadas en elementos contables, documentales y digitales.

Los planteos rechazados

Durante una exposición de dos horas, el magistrado desestimó todos los pedidos de las defensas: la nulidad de la remisión a juicio, la reformulación del hecho imputado, la aclaración de los montos, el apartamiento de los informes periciales contables e informáticos y el sobreseimiento.

La defensa había cuestionado también la constitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito, al sostener que obliga al imputado a demostrar el origen lícito de su patrimonio y traslada a la defensa una carga de prueba que corresponde a la acusación. El juez rechazó ese argumento y recordó que la figura fue validada en precedentes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, como los casos “Yedro” y “Rossi”. Señaló además que su aplicación es compatible con las garantías constitucionales siempre que no implique obligar al funcionario a probar su inocencia y que la evolución patrimonial se analice sobre elementos objetivos.

La discusión por las cifras y el grupo familiar

Otro eje de las defensas fueron las diferencias entre los montos imputados y los que surgen del informe contable que sustenta la acusación. También argumentaron que la Fiscalía no puede atribuir automáticamente a Urribarri bienes y gastos de sus hijos, y mencionaron que Bruno Urribarri desarrolló una carrera como futbolista profesional en Argentina y Grecia, con ingresos propios.

Budasoff entendió, sin embargo, que la Fiscalía presentó evidencia suficiente para esta etapa —que no exige certeza— de que las operaciones registradas a nombre de la empresa Relevamientos Catastrales tendrían como beneficiarios al exgobernador y a su grupo familiar, aunque la facturación no estuviera a su nombre. A su vez, la acusación sostuvo que el informe contable es solo una parte de la base de la imputación y que los montos finales incluyen gastos adicionales respaldados por otras pruebas.

Qué sigue

El viernes, desde las 9, las partes comenzarán a discutir la admisión de las evidencias y la posibilidad de alcanzar acuerdos probatorios, con el objetivo de llegar al juicio con un expediente ordenado que permita un debate ágil.