La Justicia elevó a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Rubén Darío Garcilazo, exintendente de Victoria por el peronismo. Sin embargo, la agenda de juicios para 2026 ya está completa según la Oficina de Gestión de Audiencias, por lo que el debate no se realizará antes de 2027. El exfuncionario deberá comparecer ante el Tribunal de Juicio de Gualeguay, integrado por los jueces Dardo Tórtul, Roberto Javier Cadenas y Matilde Federik.

En caso de ser hallado culpable, Garcilazo enfrenta una pena de entre 2 y 6 años de prisión, el pago de una multa y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Diez años de investigación

La causa se inició formalmente en 2016 a partir de una denuncia del dirigente radical César Zuccotti. A lo largo de estos años, los fiscales ejecutaron más de 40 medidas probatorias, entre ellas pedidos de informes a distintos organismos públicos para reconstruir el patrimonio del exintendente.

El punto de inflexión llegó a fines de 2016, cuando el cuerpo de peritos del Superior Tribunal de Justicia entregó una auditoría que detectó una diferencia de un millón de pesos entre el capital declarado por Garcilazo y lo que podía justificar. Al valor del dólar de ese momento, esa suma equivalía a más de 100.000 dólares. La defensa sostuvo que el monto excedente provenía de un aporte familiar, pero esa explicación no convenció a los fiscales, quienes mantuvieron la imputación hasta lograr que el juez de Garantías Alejandro Calleja ordenara la elevación a juicio.

El giro irónico: el denunciante, condenado

El episodio más llamativo de esta historia involucra al propio Zuccotti. Durante treinta años construyó una trayectoria política signada por denuncias de corrupción, la mayoría de las cuales terminaron archivadas. Fue él quien, en 2016, impulsó la causa que hoy tiene a Garcilazo a las puertas de un juicio. Sin embargo, en marzo de este año la justicia lo condenó a él.

Los hechos que se le imputaron ocurrieron en 2017, cuando Zuccotti se desempeñaba como secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Victoria. Según la investigación, utilizó su cargo para presionar a un empleado del área de Obras Sanitarias y lograr que modificara de manera ilegal la categorización de dos lotes de su propiedad en el sistema municipal. Mediante esa maniobra, sus terrenos figuraron fraudulentamente como si tuvieran "servicio medido de agua", lo que le permitió pagar menores tasas. Entre enero de 2018 y diciembre de 2020, el municipio dejó de percibir $162.687,79, cifra que actualizada a marzo de 2023 rondaba el millón de pesos.

El juez de Garantías —el mismo que elevó la causa de Garcilazo— condenó a Zuccotti a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por abuso de autoridad, fraude a la administración e instigación a la falsedad ideológica. El empleado municipal que ejecutó sus órdenes recibió una condena de un año y nueve meses de prisión condicional por falsificación de registros públicos.