El gobierno que prometió ser distinto empieza a parecerse demasiado a lo mismo.

En campaña, Javier Milei había construido una narrativa contundente y sencilla: el ajuste lo pagaría la “casta política”, esa trama de privilegios, acomodos y corrupción enquistada en el Estado. Su discurso se elevaba como promesa moral antes que técnica: un gobierno distinto, con funcionarios distintos, alejados de las prácticas que el propio Milei calificaba como “curros”.

Sin embargo, a menos de un año de gestión, el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacudió los cimientos de ese relato. Diego Spagnuolo, un dirigente del riñón libertario, quedó envuelto en audios filtrados donde describía un presunto sistema de coimas ligadas a la compra de medicamentos y servicios para personas con discapacidad. En esos audios aparecían mencionados nombres explosivos: Karina Milei, la hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia y Eduardo “Lule” Menem, operador político central de la coalición oficialista.

El escándalo, ya en manos de la justicia,  constituye un golpe político profundo: La Libertad Avanza está ingresando en el mismo espiral de sospechas, negocios oscuros y justificaciones que alguna vez le achacó a sus adversarios. El contrato electoral, basado en la pureza y la ruptura con la vieja política, aparece hoy severamente dañado.

El caso Spagnuolo: audios, porcentajes y dinero en efectivo.

La trama estalló cuando circularon audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, cuya autenticidad fue luego avalada por un peritaje privado y será sometida a pericia judicial, se escuchaba al funcionario hablar de “porcentajes para Karina” y de un esquema aceitado de retornos. Mencionaba también a la droguería Suizo Argentina, un histórico proveedor del Estado en el rubro medicamentos, como parte de la operatoria.

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas ligadas a Spagnuolo y a la familia Kovalivker, propietaria de la droguería. Los procedimientos dieron como resultado el secuestro de dólares en efectivo, en montos que distintos reportes sitúan entre 200 mil y 266 mil, hallados incluso en vehículos asociados a los empresarios investigados.

El Gobierno echó a Spagnuolo “de forma preventiva”, removió a otro directivo, Daniel Garbellini y firmó la intervención de la ANDIS, colocando al frente al médico Alejandro Vilches. Sin embargo, la velocidad de los decretos no alcanzó a despejar la sospecha política: ¿cómo podía el corazón del aparato libertario estar ya sospechado de prácticas que recuerdan a lo peor de la “casta”?

Karina Milei y el poder invisible.

La figura de Karina Milei siempre fue una incógnita en el nuevo poder argentino. Hermana, mano derecha, consejera íntima y jefa de la Secretaría General de la Presidencia, su rol trasciende el organigrama. Para muchos, Karina es el verdadero centro de decisiones del oficialismo, la guardiana del círculo chico y la administradora de la confianza presidencial.

Que su nombre aparezca asociado a retornos y porcentajes en un audio supone un daño simbólico monumental debido a que la lógica libertaria descansaba en la promesa de un liderazgo puro, ajeno a la contaminación de los negocios. Karina no es una funcionaria más: es la depositaria de la fe personal de Javier Milei.

La sospecha, entonces, opera como una fisura en la narrativa fundacional: si en torno al Presidente y su hermana también se habla de coimas, ¿qué queda del grito anticasta?

La casta como espejo.

Lo más llamativo de este episodio no es sólo este sospechoso mecanismo de retornos, que lamentablemente no resulta novedoso en la política argentina, sino la contradicción estructural que exhibe en el proyecto libertario.

Durante la campaña, Milei supo capitalizar el hartazgo social contra una dirigencia asociada a privilegios y corrupción. La promesa de cortar con esa inercia fue el motor de su ascenso. Hoy, su gobierno se encuentra atrapado en un espiral que recuerda a los mismos vicios:

1) Funcionarios acusados de recaudar porcentajes sobre compras públicas.

2) Empresarios beneficiados que aparecen en los allanamientos.

3) Dinero en efectivo incautado en condiciones sospechosas.

4) Justificaciones políticas que remiten a viejos reflejos: negar, relativizar, hablar de operaciones.

La Libertad Avanza, que se presentaba como antítesis de la casta, parece haber internalizado sus prácticas más oscuras.

Ruptura del contrato electoral.

Este escándalo marca, quizás por primera vez con nitidez, la ruptura del contrato electoral libertario. Ese contrato no estaba basado únicamente en un programa económico —ajuste fiscal, dolarización, desregulación—, sino en un pacto moral: gobernar de manera distinta, sin corrupción, sin privilegios, sin entramados opacos.

Cada episodio de sospecha erosiona esa promesa. Y lo hace en un terreno particularmente sensible: la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo encargado de garantizar derechos a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Que los negocios turbios pudiesen haberse tramitado en nombre de los medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad golpea doblemente: revela el cinismo de quienes los practican y dinamita la bandera moral del proyecto libertario.

Cuando la pureza se desgasta.

Ningún gobierno está exento de este tipo episodios lamentables. Pero para un proyecto que hizo de la “anticasta” su estandarte, el costo es mucho mayor. El escándalo Spagnuolo no es un expediente judicial más: es un símbolo político que desnuda la distancia entre el discurso y la práctica.

Al entrar en este espiral de sospechas, La Libertad Avanza se asemeja cada vez más a aquello que prometió destruir. Y, en política, esa contradicción se paga con la confianza social. La historia argentina muestra con crudeza que las mayorías pueden tolerar ajustes duros, crisis económicas y decisiones impopulares, pero difícilmente perdonan cuando se descubre que quienes pedían sacrificios hacían negocios personales.

El desafío para Milei no es sólo judicial sino existencial: demostrar que aún tiene la capacidad de diferenciarse de la casta. De lo contrario, el libertarismo terminará absorbido por el mismo pantano moral que juró erradicar.

Finalmente cabe decir que las sospechas de  corrupción no son accidentes aislados ni  “operaciones mediáticas", como algunos voceros intentaron presentar. Es, en todo caso, la prueba de fuego para un gobierno que se definió contra ella.

Si la Libertad Avanza no logra cortar de raíz los entramados de negocios que ya comienzan a florecer en su interior, si no consigue demostrar, vía Poder Judicial,  la transparencia en los hechos y no solo en los discursos, corre el riesgo de perder lo que le daba singularidad: la autoridad moral para señalar a los demás como parte de una “casta” corrupta.

El escándalo Spagnuolo expone una paradoja cruel: el gobierno que prometió ser distinto empieza a parecerse demasiado a lo mismo. Y en ese espejo, lo que se refleja no es la utopía libertaria, sino el rostro gastado de la vieja política argentina.

Julián Lazo Stegeman