Razón crítica
Femicidio: Una palabra que visibiliza una problemática estructural.
En Argentina, hablar de “femicidio” no es solo utilizar un término técnico o jurídico, sino nombrar una realidad profundamente dolorosa que afecta a miles de mujeres cada año. En un país donde, según datos oficiales, cada 30 horas una mujer es asesinada por razones de género, la existencia de esta figura legal en el Código Penal no es un capricho ni una exageración: es una herramienta indispensable para enfrentar una problemática que hunde sus raíces en la desigualdad y el machismo estructural. Sin embargo, en tiempos recientes, han surgido voces que proponen eliminar la figura de femicidio del Código Penal, argumentando que sería innecesaria o discriminatoria. Esta propuesta, lejos de ser una solución, representa un peligro real para los avances logrados en materia de género y justicia.
¿Por qué hablamos de femicidio y no de homicidio?.
El término femicidio fue popularizado por la antropóloga Marcela Lagarde para señalar los asesinatos de mujeres motivados por el odio, el desprecio y las relaciones de poder patriarcales. A diferencia del homicidio, el femicidio no se reduce al acto de quitarle la vida a alguien; implica un contexto de violencia de género en el que la mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Estas muertes suelen ser el desenlace de ciclos de violencia física, psicológica y económica que las víctimas sufren a manos de sus agresores, muchas veces parejas o exparejas.
Utilizar “femicidio” como figura legal no solo permite agravar las penas para estos crímenes, sino que también los visibiliza. En un mundo donde las desigualdades entre hombres y mujeres persisten, hablar de femicidio es un acto político que reconoce que las mujeres son asesinadas en un contexto de discriminación histórica.
Los riesgos de eliminar el femicidio del Código Penal.
La propuesta de eliminar el femicidio como figura penal, argumentando que no debe haber distinción entre los asesinatos de hombres y mujeres, ignora el problema de fondo: los crímenes de género no son iguales a otros homicidios. Mientras que los hombres suelen ser asesinados en contextos de conflictos delictivos o interpersonales, las mujeres son asesinadas en el ámbito doméstico, íntimo y, muchas veces, tras haber denunciado violencia sin recibir protección adecuada.
Eliminar esta figura legal implicaría retroceder en el reconocimiento del contexto estructural que perpetúa la violencia contra las mujeres. Sería invisibilizar la especificidad de estos crímenes y dejar sin herramientas a la justicia para comprender y abordar de manera integral los casos. Además, podría desincentivar políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas.
En Argentina, la incorporación del femicidio al Código Penal en 2012 fue un avance significativo que no solo permitió castigar con mayor dureza a los agresores, sino que también envió un mensaje claro a la sociedad: estos crímenes no son aceptables, no son inevitables y no pueden quedar impunes. Desmantelar esta figura sería un mensaje contrario, un retroceso en la lucha por la igualdad y una señal de indiferencia hacia las víctimas.
La importancia de visibilizar para prevenir.
El femicidio no solo es una categoría legal; es también una herramienta simbólica. Nombrar estos crímenes permite poner el foco en las causas estructurales de la violencia de género, como la desigualdad económica, la educación patriarcal y la falta de acceso a derechos básicos. También permite comprender que estos asesinatos son el último eslabón de una cadena de violencia que incluye abuso psicológico, físico, sexual y económico.
Eliminar la figura de femicidio no hará desaparecer estos crímenes. Al contrario, los invisibilizará, perpetuando la idea de que la violencia de género es un problema individual y no un fenómeno social que requiere intervención estatal y colectiva.
¿Por qué la figura de femicidio no es anticonstitucional?.
Algunos críticos argumentan que la figura del femicidio podría contradecir el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional, que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sin embargo, esta interpretación omite un aspecto fundamental: el principio de igualdad no significa tratar a todos por igual en cualquier circunstancia, sino garantizar condiciones equitativas considerando las diferencias y desigualdades estructurales. El “femicidio” no discrimina arbitrariamente entre hombres y mujeres, sino que reconoce que las mujeres enfrentan una violencia específica basada en su género, una violencia profundamente arraigada en una cultura machista y patriarcal. Por tanto, la figura de femicidio busca reparar esa desigualdad histórica y garantizar una justicia que contemple las realidades de las víctimas, en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ha ratificado, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Estas normas imponen al Estado la obligación de adoptar medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
En un contexto donde los movimientos feministas han logrado instalar el debate sobre la igualdad de género en la agenda pública, resulta preocupante que se cuestionen herramientas legales tan importantes como el femicidio. Argentina ha sido pionera en la región en muchas luchas sociales, desde la Ley de Paridad de Género hasta la legalización del aborto. Eliminar el femicidio del Código Penal sería un golpe no solo a las mujeres, sino también a toda una sociedad que busca construir un futuro más justo e igualitario.
Es fundamental que la ciudadanía y las instituciones comprendan que esta figura legal no es un privilegio para las mujeres, sino una respuesta necesaria a una problemática específica. Reconocer el femicidio es un acto de justicia y una herramienta para cambiar una cultura que, durante demasiado tiempo, ha normalizado la violencia de género.
El femicidio no es solo una palabra: es una demanda que exige justicia y transformación social.
Julián Lazo Stegeman