Después de que el lunes la administración de Mauricio Macri diera un retroceso parcial a los tarifazos de gas, estableciendo un tope de suba de 400% para los consumos residenciales en la región de la Patagonia y la provincia de La Pampa, algunos mandatarios del Sur manifestaron su insatisfacción ante la propuesta.Los gobernadores de Chubut, Mario Das Neves, y Río Negro, Alberto Weretilnek, advirtieron ayer que el tope establecido sigue siendo alto y consideraron que el gobierno nacional actuó en forma "poco seria" para fijar ese porcentaje. Al detallar cómo fue la reunión que los gobernadores mantuvieron con los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; y de Energía, Juan José Aranguren; Das Neves reveló: "en un momento, ellos se retiraron durante diez minutos y, cuando volvieron, dijeron que bajaban el incremento en las tarifas de gas a 400% para residenciales"."Obviamente les dije que no estaba de acuerdo, ya que bajar de un 1800% a 400% era un reconocimiento de la improvisación que adoptaron al subir las tarifas", cuestionó. A su criterio, la postura de los funcionarios nacionales "pareció como esas ofertas de fin de temporada. Nos pareció poco serio y logramos que la semana que viene volvamos a mantener un encuentro".En una conferencia de prensa, Das Neves explicó que "los números que ellos tenían no eran los mismos que los nuestros, porque hablaban de aumentos promedio e incluyeron a la tarifa social, que no tiene nada que ver". "Con este ajuste, el comercio y la industria pequeña, lejos de generar trabajo va a tener problemas", alertó. Das Neves explicó que "el consumo de gas total de la Patagonia representa el 6% de todo el país. El 5% es de los residentes, mientras que el sector comercial es el 1% restante". "Pero nosotros subsidiamos el subte, la energía el transporte, y por eso necesitamos una tarifa subsidiada" enfatizó.Por su parte, Weretilneck rechazó por "elevado" el tope y analiza ir a la Justicia. "Nosotros vamos a resolver si vamos a hacer una medida judicial. Pero esto ya está judicializado porque hay entre 30 y 40 instituciones independientes que han presentado recursos de amparo en la provincia", declaró. El mandatario contó que los gobernadores propusieron reducir las tarifas hasta septiembre y que el nuevo cuadro de precios el gas comience a regir a partir de ese mes, una vez que el invierno haya pasado, pero que el Gobierno rechazó la propuesta.Por su parte el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó la "muy buena voluntad" que hubo de ambas partes para trabajar en esta situación y apuntó: "Nosotros estamos en la apuesta de encontrar las mejores condiciones de gobernabilidad que nos permiten sustentar nuestras gestiones, pero fundamentalmente que no se aumente un costo desmedido sobre los vecinos de cada una de las provincias", indicó.Adelantó que desde la semana próxima se continuará trabajando por regiones, con rondas de reuniones específicas debido a las diferencias que existen en cada una, y apuntó que ello "amerita tener un tratamiento circunscripto a lo que ocurre en cada región".Por otro lado, dimensionó la incidencia que los aumentos han tenido en Entre Ríos, tanto en el bolsillo del consumidor domiciliario como en el sector de la producción, "ya que la electricidad es un componente sumamente importante para todo el proceso productivo y para alimentar las cadenas de valor"."Nosotros vemos esto con preocupación y consideramos poder analizar en forma pormenorizada, tomando distintos segmentos para poder sustentar las distintas actividades, sobre todos los que agregan valor en procesos industriales. Hacemos planteos puntuales de provincias como la nuestra, de la Mesopotamia, que venimos también de una crisis que se produjo por las contingencias meteorológicas, y ver cómo hacer para que esto impacte lo menos posible tanto en los servicios de producción como en el bolsillo del consumidor", explicó Bordet.Detalló que el aumento tarifario incide en los costos productivos y comerciales y luego se traslada a los precios, pero que también genera la pérdida de competitividad en los productos de la oferta exportable que tiene Entre Ríos, como son los casos de las industrias avícola y las derivadas del porcino o del sector lácteo, entre otras.

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