Sobre la cuestión se ha escrito mucho desde tiempos inmemoriales y las posiciones que se han adoptado y se adoptan suelen ser divergentes y hasta decididamente contradictorias.- No es propósito de ésta nota tomar partido sobre las divergencias, sino solo señalar lo que entendemos debería estar superado y, sin embargo, renace cuando asistimos a la conducta bestial que tuvo como desenlace la muerte de la joven estudiante.-Así, hemos escuchado sobre la necesidad del agravamiento de las penas, que incluye inclusive la de muerte para algunos casos o una mayor estrictez en relación al cumplimiento de las penas impuestas, reduciendo o vedando la posibilidad de otorgamiento de la libertad condicional de los condenados en cualquier supuesto.- El problema es tan serio y nos involucra de tal manera, que se impone la necesidad de reflexionar con seriedad, sin anteojeras ideológicas, evitando el oportunismo de las dirigencias ante sucesos incalificables, que se autoconvierten en purificadores de la sociedad civil.-La historia revela que el establecimiento de la pena de muerte no ha garantizado la erradicación o disminución de los delitos a lo que se ha aplicado y el agravamiento de las penas tampoco, por si solo, ha cumplido una función que inhiba o morigere la perpetración de ilícitos.-Nuestro Código Penal fue sancionado en el año 1.921 y ha sufrido alrededor de novecientas reformas, algunas verdaderos parches, que han conspirado para que nuestro sistema penal traduzca los valores y principios tenidos en cuenta en su origen.- Seguramente la peor reforma fue la introducida por la denominada "Ley Blumberg", que distorsionó de manera grave la proporcionalidad de las penas.- No se trata de considerar que los valores y principios originales deban ser conservados contra viento y marea, sino de entender que el sistema penal debe reconocer un derrotero conceptual para la represión de los delitos, con antecedentes político-ideológicos coherentes con la necesidad social.- Lo que no debe permitirse es que frente al dolor, al genuino dolor de las víctimas, alguna dirigencia de escasa solvencia técnica o estatura moral intente sacar rédito político o ganar espacios en las noticias y expandir sus posibilidades electorales.- O convertirse en factores de presión.-El caso de Micaela es revelador.- Mediante Decreto 678/12 se creó una comisión para reformar integralmente nuestro Código Penal que entregó el proyecto al Poder Ejecutivo en la primera quincena de 2.014.- Dicha comisión estuvo integrada por el entonces Ministro de la Corte Suprema Dr. Raúl Zaffaroni; el Dr. Federico Pinedo, a la sazón diputado del Pro; el ex juez León Arslanián que integró la Cámara que condenó a las juntas militares; el jurista radical Ricardo Gil Laavedra y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata.- A dicha comisión no se le puede reprochar desconocimiento del tema ni tampoco cuestionar la amplitud ideológica en su conformación.-El proyecto no mereció sanción legislativa y la oposición a su sanción se basó esencialmente en que se reducían las penas de varios delitos, y los mayores cuestionamientos al proyecto tuvieron como abanderado al Dr. Sergio Massa.-Tampoco es propósito de ésta nota tomar partido sobre la conveniencia o inconveniencia de las posturas que alentaban la sanción o de las que triunfaron haciendo abortarla.- Pero si señalar que si el proyecto se hubiera transformado en ley, hubiera resultado imposible que el delincuente a quien se señala desde el primer momento como autor del crimen de Micaela García hubiera podido gozar de la libertad que le permitió la consumación del horrendo hecho.-.Las posturas más duras, sea por ignorancia, por ideas retrogradas u oportunismo político, suelen acompañar y alentar las peores consecuencias.- Catón

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