Una vigilia de 233 años

Dos americanos No bien asumió sus funciones el virrey Vértiz en 1778, comenzó a prestar atención al territorio situado entre los ríos Paraná y Uruguay por dos motivos: el asedio de los portugueses desde Brasil y los frecuentes litigios entre pobladores afincados por su cuenta, sin autorización ni documento alguno. Llamó a uno de sus hombres de confianza, el coronel Tomás de Rocamora y le encomendó solucionar los litigios vecinales a fin de pacificar y ordenar la región, además de crear asentamientos urbanos que frenaran las apetencias portuguesas. Aunque formado militarmente en España, Rocamora era americano, nacido en Nicaragua. Por una cuestión de origen su visión de los problemas locales no coincidía con la de la mayoría de los españoles. Algo parecido sucedía con Vértiz, oriundo de México. Rocamora llegó a estas tierras en marzo de 1782. Recorrió el territorio, conversó con los dispersos vecinos, trató de convencerlos de la conveniencia de agruparse para vivir en sociedad formando núcleos urbanos, estudió el terreno y la naturaleza, barajó sus posibilidades y en agosto del mismo año presentó al virrey su Plan Económico que contenía argumentaciones y propuestas sorprendentes para la época. Concluye el plan con una frase histórica y profética: "...y asegúrese V.E. que ejecutado como planteo, antes de muchos años, será la de Entre Ríos, de que trato, la mejor provincia de esta América." A la vez impuso el nombre de la región ídentificándola por primera vez como Entre Ríos.El monte nativo En aquel extenso Plan Económico, Rocamora abordó temas que más de dos siglos después constituyen un motivo de preocupación y de lucha: la preservación del medio ambiente, aunque no se le llamara de esa manera. Ronda lo increíble, pero ya entonces el fundador de ciudades entrerrianas alertaba acerca de la necesidad de preservar el monte nativo. Observó que Buenos Aires consumía "gran parte de leña, postería, maderaje corto y alguna tirantería", procedente de los montes entrerrianos. Refiere el historiador Juan José Segura que por aquellos tiempos en nuestra provincia la riqueza forestal era la que se explotaba en vasta escala. "Tierras abundantes de montes por doquiera, más aún de montes que las cubrían casi totalmente, no obligaban a hacer plantaciones de árboles. Bastaba con abatir los existentes para utilizar sus maderas, proveerse de leña o hacer carbón", comenta Segura. No obstante, la irracionalidad de la explotación llamó la atención de Rocamora. En un informe complementario, fechado en Gualeguay a principios de 1783, le advirtió al virrey que "uno de los requisitos más esenciales para la subsistencia de los pueblos es la conservación de los montes". Denunció entonces que se habían destruido montes principalmente en las costas de los arroyos "por el desorden de los faeneros extraños que como transeúntes, talaron sin discreción". No se detuvo en la denuncia. Planteó al virrey la necesidad de reglamentar esas actividades, "prohibiendo absolutamente el corte de leña y de madera entre los ríos y que se dejaran a beneficio de sus vecindarios, pero limitando los cortes al número de hachas y parajes que se les señalaren". Ya fuere atribuible a Vértiz o a la burocracia virreinal, se supone que Rocamora no logró respuesta. Al menos esto se deduce por su insistencia en el tema al año siguiente. En marzo de 1784 le recordó al virrey mediante otra carta, "la necesidad de conservar los montes para utilidad de los vecinos, necesidad cada vez más apremiante". Por entonces ya no le preocupaban tanto "las maderas blancas y el carbón que las islas y las costas del Paraná y el Uruguay dan a Buenos Aires, porque son de breve crecencia" por tratarse de una tala de reposición a corto plazo. En cambio, le desvelaban los desmontes para producir "maderas firmes, muy tardas en criarse y muy precisas, corvas y rectas, para postería, umbralería, medios puntos y construcción menor". Como ha sucedido desde entonces respecto de este asunto, Buenos Aires guardó silencio, mirando hacia otro lado. Recién en los últimos veinticinco años se han registrado algunas tímidas reacciones, además de una ley nacional (ley Bonasso, sancionada en 2009) con adhesiones de la mayoría de las provincias y pocos efectos a la vista. Rocamora todavía espera.Mario Alarcón Muñiz

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