La medida, dispuesta el lunes 27 de abril, alcanzó a Priscila Andrea Millen, quien había sido condenada a cuatro años de prisión en el marco de una investigación que desarticuló dos organizaciones criminales con operatoria en distintas localidades entrerrianas, entre ellas Gualeguay. Según la resolución judicial, los reiterados incumplimientos de las condiciones impuestas para el arresto domiciliario fueron determinantes para dejar sin efecto el beneficio.

De acuerdo a lo consignado, la causa permitió establecer el funcionamiento de una estructura conocida como “Clan Millen”, con presencia en Paraná y Gualeguay, que tenía como uno de sus puntos de operación la Unidad Penal N° 7 de esta ciudad. En paralelo, también se investigó a otro grupo delictivo con base en Victoria.

Inicialmente, el arresto domiciliario había sido otorgado por razones familiares, vinculadas al cuidado de los hijos menores de la condenada. No obstante, esa situación se modificó en febrero de este año, cuando la madre de Millen accedió al mismo beneficio, quedando en condiciones de asumir el rol de cuidado.

Los informes del sistema de monitoreo electrónico evidenciaron múltiples salidas no autorizadas del domicilio, así como ausencias durante controles presenciales. Estos incumplimientos se registraron de manera reiterada desde septiembre de 2025 y continuaron durante el presente año, incluso después de una intimación formal realizada por el tribunal en marzo.

Frente a este escenario, los jueces consideraron que la condenada no respetó las reglas de conducta establecidas, lo que motivó la revocación de la prisión domiciliaria. En consecuencia, se dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 6 de Paraná, medida que se concretará una vez cumplimentados los informes requeridos a los organismos competentes.

En relación con los hijos menores, se dio intervención al Ministerio Público Pupilar y al COPNAF para evaluar su situación y garantizar sus derechos, contemplando la posibilidad de que queden al cuidado de su abuela.

La investigación judicial, que tuvo impacto en Gualeguay por la utilización de la Unidad Penal N° 7 como parte de la operatoria delictiva, derivó en la condena de 18 personas vinculadas a maniobras de comercialización de estupefacientes, en un esquema que combinaba acciones dentro y fuera de establecimientos penitenciarios.