En primer lugar, el autor explica claramente cómo funciona actualmente el sistema del gas en la Argentina: "las distribuidoras (por ejemplo, Metrogas) le compran el gas a las productoras (por ejemplo, YPF). Al mismo tiempo, el precio en pesos que deben cobrar las distribuidoras a los usuarios se modifica dos veces por año -abril y octubre- con la realización de audiencias públicas. El problema es cuando el precio que pagan las distribuidoras a las productoras es distinto al que pagan los usuarios por el gas porque se acumula una deuda que alguien debe pagar. Según se estipuló luego de la última audiencia pública de marzo, las distribuidoras les pagarían entre abril y octubre a las productoras un precio cercano a US$4,7 por el millón de BTU. Como en ese momento la cotización del dólar era cercana a los $20, las tarifas en pesos para el período abril-octubre se calcularon con ese valor de la divisa norteamericana". A su vez, Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) menciona en Chequeado que "hasta octubre las distribuidoras pagaron el gas como si el dólar siguiese a $20, a pesar de las devaluaciones de mayo y agosto. Como el precio del gas de las productoras está en dólares, a las distribuidoras se les fue acumulando una deuda con las productoras que se generó por la diferencia entre ese dólar pactado en marzo y el dólar actual (cerca de $40)". Debido a esta diferencia entre el dólar estimado en la audiencia pública y el dólar actual, es que las distribuidoras tienen ahora una deuda de $20 mil millones con las productoras de gas. Precisamente, esta es la deuda a la que hace referencia la resolución oficial publicada en estas últimas jornadas. A propósito, Slipczuk dice que "según el Gobierno, de estos $20 mil millones, la mitad (o sea, $10 mil millones) será pagada por los usuarios en 24 cuotas con intereses. Sin embargo, la resolución de la Secretaría de Energía nada dice de que los usuarios pagarán el 50%, sino que habla del recupero de las diferencias para todo el período". Es en este punto donde surge una cuestión fundamental en este tópico, y es la justificación de esta situación por parte del Gobierno Nacional amparándose en un marco regulatorio vigente desde 1992.Efectivamente, esta ley promulgada durante el menemismo (permitiendo, además, la privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado) fijaba que esta diferencia de precios se debería sumar a la tarifa del período estacional siguiente. Al respecto, Bronstein explica lo siguiente: "este sistema regulatorio se implantó en la convertibilidad, cuando el dólar estaba uno a uno por ley y no había riesgo de devaluaciones", además expresa que "es una compensación por la devaluación, aunque es lo que marca la ley". En definitiva, el Gobierno Nacional se justifica en una ley de 1992 que determina que las diferencias de precios deben trasladarse a los usuarios en semestres futuros. No obstante, no se puede soslayar que esta legislación fue creada en la convertibilidad cuando no había riesgos devaluatorios. Asimismo, existe otro punto importante a considerar: esta legislación no estuvo vigente entre 2002 y 2017 por la Ley de Emergencia Económica, que protegía a los usuarios de los aumentos del dólar. En 2018, la gestión de Mauricio Macri no renovó la mencionada emergencia económica por lo cual la ley de 1992 volvió a ser el marco normativo vigente. En relación a esto, Alejandro Einstoss, director académico del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) y especialista en temas energéticos del radicalismo, explicó en Chequeado que "con el modelo actual -implementado inicialmente bajo la convertibilidad- las productoras y distribuidoras están blindadas por ley ante variaciones del dólar, que recaen completamente en los usuarios".Julián Lazo Stegeman(Fuente: www.chequeado.com)

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