Un informe llevado a cabo en abril de este año por el Instituto de Estudios y Capacitación de la federación docente Conadu (mediante datos oficiales de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Hacienda), muestra una serie de números y estadísticas que dan cuenta de esta compleja situación. La periodista Inés Fornassero realizó un correcto resumen del mismo que vale la pena citar:• Desfinanciamiento. La inversión nacional en las universidades pasó de representar un 0,86 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2015 a un 0,79 por ciento en 2016, el valor más bajo desde 2011, y sobre un PBI un 2,3 por ciento menor en términos reales. (Aún no están los datos referidos a 2017.) Durante la década anterior, el financiamiento universitario creció de un 0,55 por ciento en 2006 a un 0,86 en 2015, proceso que se enmarcaba en la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, que dispuso que los recursos destinados a educación debían representar un porcentaje cada vez mayor del PBI.• Subejecución. Del presupuesto asignado a las universidades nacionales, 700 millones de pesos quedaron sin ejecutar en 2016 y 738 millones en 2017, cifras que representan el nivel de ejecución más bajo de los últimos diez años. El año pasado la subejecución afectó particularmente el financiamiento de los hospitales universitarios, a los que se devengó sólo el 74,2 por ciento de su presupuesto original. En 2017 los ministerios que más subejecutaron el presupuesto universitario fueron los de Educación (más de 518 millones de pesos retenidos), Desarrollo Social (37,2 millones), Trabajo (37,2 millones) y Modernización (36,2 millones).• Deudas. Además de subejecutor fondos, el Gobierno se atrasó en el envío de los recursos previstos. Al finalizar 2017 el monto adeudado a las universidades llegó a 10.993,4 millones de pesos, el 12,3 por ciento del presupuesto ejecutado. Los Programas de Desarrollo Universitario, que incluyen, por ejemplo, planes de infraestructura, acciones complementarias a las becas y extensión universitaria, estuvieron sin fondos, y por lo tanto paralizados, hasta el segundo semestre de 2016, cuando comenzaron a ejecutarse algunas partidas, pero más del 60 por ciento de los recursos se ejecutaron entre noviembre y diciembre, situación que se repitió a grandes rasgos en 2017. "Al igual que ha ocurrido con otros programas de ayuda social, como la Asignación Universal por Hijo, la interrupción de su provisión implica normalmente un impacto que excluye definitivamente a sus beneficiarios del sistema", destaca el informe del IEC.• Becas. La cantidad de becas otorgadas por la SPU a estudiantes de bajos recursos cayó un 35 por ciento en dos años, pasando de 23.019 en 2015 a 14.985 en 2017. Mientras que las becas para carreras prioritarias disminuyeron un 25 por ciento, de 39.715 en 2015 a 29.520 en 2017. En el mismo sentido, el programa Progresar, que hasta el año pasado ejecutaba la Anses, y que en 2018 está a cargo de la SPU, también fue víctima del ajuste: en 2017 tuvo 27.748 beneficiarios menos que en 2016. (Para este año, habrá que ver cómo impactan los cambios anunciados por el Gobierno.)• Salarios. El informe estima que al finalizar 2016 la pérdida de poder adquisitivo del salario de los docentes universitarios fue de entre 8 y 10 puntos, luego de que el Gobierno se negara a aplicar la cláusula de revisión por inflación que incluyó el acuerdo paritario de ese año. Además, el estudio destaca que en 2018, mientras todas las previsiones indican que la inflación anual superará el 20 por ciento -con altas probabilidades de alcanzar un 25 por ciento-, el Gobierno pretende fijar un límite del 15 por ciento para la recomposición salarial, tal la oferta que realizó ayer en la negociación paritaria. La lucha docente no es en contra del Macrismo en sí, sino que es en contra de la pérdida de recursos que viene sufriendo el sistema de educación superior a partir de las diversas políticas que ha llevado adelante Cambiemos. Asimismo, a esta cuestión, se le suman otras contingencias ligadas a las mencionadas políticas del actual gobierno y, también, a otras que vienen desde antes. Por ejemplo, los docentes Ad Honorem. Para finalizar, cabe expresar que hace varias semanas, muchas universidades nacionales se encuentran de paro por causa de estas problemáticas. Es fundamental que, como ciudadanos, exijamos la resolución de este conflicto desde una postura que apoye tanto a los docentes como a la educación pública. La política y las responsabilidades de nuestros representantes no pueden estar ajenas al bienestar de los maestros, profesores, escuelas y universidades. La educación pública se construye y se protege entre todos, entre la sociedad civil y los funcionarios encargados de administrar el Estado. No obstante, son estos últimos los que cuentan con las herramientas económicas y de poder para lograr este objetivo. Por este motivo, la ciudadanía, como ya mencioné, debe exigir que estos cumplan con las responsabilidades para las que fueron aginados en sus cargos y no dejar que la educación pública, pilar fundamental de nuestra sociedad, se vea afectada.Julián Lazo Stegeman(AGD-UBA, Clarín, Página 12)

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