Si bien el eje del proyecto radica en la posibilidad que se le otorga al Estado para firmar acuerdos con los jubilados y así pagarle los juicios que iniciaron contra el Anses por la mala liquidación de sus haberes. Las profundas críticas se encolumnan detrás del polémico blanqueo que tiene como objetivo, según fuentes oficiales, financiar el mencionado pago. No obstante, desde la oposición argumentan que se trata de un intento por parte del oficialismo para dar una salida legal a la plata no declarada de varios de sus funcionarios y socios. Básicamente este arreglo envolverá el cese del litigio de jubilados a cambio de un desembolso en dos partes, mitad en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales seguidas que se actualizaran de forma continua. Asimismo, se configura una pensión por vejez que posibilita a partir de los 65 años percibir el 80 por ciento de la mínima. En este contexto los recursos se originarán de los fondos del blanqueo que serán redirigidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, se vuelve disponible la venta de acciones que la Anses posee en empresas privadas para hacer frente a los pagos en caso de que sea necesario. El blanqueo es el punto más polémico del proyecto. Cabe decir que se extenderá hasta el 31 de marzo del año que viene. La operación seguirá una tabla en donde dependiendo del dinero que sea blanqueado se pagará un determinado impuesto. Es decir que a mayor rango de dinero más fuerte será la exigencia tributaria. De esta normativa fueron omitidos los funcionarios públicos, cónyuges, padres e hijos menores emancipados de esos funcionarios y los condenados por delitos tributarios con sentencia firme, entre otros. Si bien estas excepciones fueron esgrimidas para quitar todas las sospechas sobre las "intenciones escondidas" de esta ley, desde la oposición argumentan que aún existen diversas maniobras para que los políticos salgan beneficiados con esto, como lo sería por ejemplo el establecimiento de testaferros. Con respecto a las provincias, el apartado más importante es aquel que destaca el convenio para devolver el 15% de coparticipación que se les inmovilizó a las provincias para la financiación del Anses. En carácter de índole tributario, la nueva ley agrega una moratoria impositiva sumada a los cambios y achicamientos de los pagos de Bienes Personales y el traspaso de la Unidad de Información Financiera (UIF) al ámbito del Ministerio de Hacienda. Entre dimes y diretes la República Argentina tiene una nueva ley, una de las más importantes desde que asumió Mauricio Macri. Sólo resta esperar si los objetivos de Cambiemos llegan a buen puerto o si las críticas de la oposición (fundamentalmente Kirchnerista) son reales o no. Las pretensiones del oficialismo actual de llegar a una buena amalgama de dólares derivados del blanqueo serán claves para el correcto desenvolvimiento de esta legislación.Julián Lazo Stegeman(Fuentes: La Nación, Página 12, Clarín)

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