Daños al sistema político
Básicamente, el sistema político de cualquier país esta conformado por: el Estado (integrado por el territorio, la población, las instituciones, la soberanía y el Gobierno); el régimen político que impera en ese determinado Estado, es decir, la forma de Gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos; finalmente, está la sociedad civil, la cual incluye a todos los actores económicos y sociales, desde medios de comunicación hasta la iglesia, instituciones privadas, pública y civiles.
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Asimismo, las instituciones del Estado (burocracia civil, fuerzas armadas y de seguridad) también se establecen en la mencionada sociedad civil debido a que ambas dimensiones se relacionan y se moldean mutuamente. En definitiva y redundando en lo antes dicho, la noción de sistema político abarca la suma del Estado y sus instituciones con la sociedad civil y todas las fuerzas vivas que la componen. De esta manera, cuando se habla de sistema político, no se hace referencia únicamente al Estado, sino a éste en relación con las demás instituciones sociales. Además, aquel concepto conglomera a la totalidad de prácticas y procesos políticos que se llevan adelante por parte de los actores implicados en la toma de decisiones. Es fundamental remarcar en esta construcción teórica el carácter móvil (histórico) de las fronteras entre las nociones. Dichos límites son borrosos e incluso confusos. Esto es producto de la dinámica económica y política de toda sociedad. El sociólogo y pensador, Juan Carlos Portantiero, aporta una clara caracterización de lo que se viene escribiendo en esta columna sobre el sistema político: "un conjunto de instituciones y procesos políticos, gubernamentales y no gubernamentales desempeñados por actores sociales constituidos como actores políticos y dotados de una cierta capacidad de poder. Su carácter de subsistema, deriva de la independencia relativa de sus elementos y de la existencia de zonas de frontera que limitan al sistema en relación con otros. Todo sistema político incluye interacciones entre gobernantes y gobernados en el interior de una cultura política determinada, lo cual difiere de sociedad en sociedad". Lo sucedido días atrás en el contexto del debate y la sanción de la ley de Reforma Previsional en el Congreso, significó un duro golpe al sistema político argentino, lo cual nos lleva a reflexionar sobre una plausible crisis de éste. Tanto el Estado, la sociedad civil y el régimen político se vieron afectados y tuvieron su responsabilidad en lo ocurrido. Todos cumplieron un rol importante para la generación de aquella hecatombe, tanto adentro como afuera del recinto legislativo. El lamentable, violento y chicanero debate llevado adelante por los Diputados, en consonancia con la escueta duración que tuvo la sesión (no duró más de quince minutos) en la Cámara de Senadores, en el tratamiento de una legislación trascendental para el grueso de los jubilados, hicieron todo lo posible para quitar el término "Honorable" a la designación que la Constitución Nacional le otorga al Congreso. En este sentido, se observó como nuestros representantes, derivados del sistema republicano, electoral y partidario que conforma el régimen político en el cual vivimos, hicieron todo lo posible para desvalorizar la inmensa responsabilidad que tiene el Poder Legislativo en todo sistema político. En adición, debemos mencionar los tristes papeles que tomaron en esta cuestión tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los provinciales. En esta línea, no hay que diagramar el análisis simplista y reduccionista de "Macrismo-Peronismo o Kirchnerismo" dado que la Reforma Previsional se sustentó, principalmente, en el acuerdo entre Cambiemos y los Gobernadores de distintos colores políticos. De esta forma, se dejó a un lado el necesario debate que hubiese tenido que involucrar a diversos sectores especializados en la temática como abogados, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Es así que la relación entre Estado y sociedad civil, en este caso, no existió. Asimismo, no podemos omitir que el Gobierno, de cara a la mencionada sociedad civil, nunca planteó formalmente durante el debate lo que expresa esta nueva ley: un intento de recorte para aminorar el déficit fiscal. En su lugar, estableció que la reforma busca regular el desequilibrio que dejó el gobierno anterior en la economía previsional. Lo cual, en un punto, es cierto. Y aquí es donde también se ubica la responsabilidad del Kirchnerismo en todo este asunto. Basta mirar las cuentas que dejaron para percatarse de los desfasajes económicos existentes en el sistema previsional. Sin embargo, reitero, esta legislación nueva se constituyó como un recorte a uno de los sectores más vulnerables. Esta afirmación se basa, primeramente, en que la historia de nuestro país demuestra cómo algunos gobiernos han intentando ajustar en estos segmentos sociales (por ejemplo, en el año 2000 cuando la entonces Ministra de Trabajo de la Alianza, Patricia Bullrich, fue una de las cabezas en la decisión de recortar en un 13% el sueldo a los jubilados). En segundo lugar, debido a que se sabe que el oficialismo actual está siguiendo ciertos lineamentos planteados por los organismos de crédito internacional, con el objetivo, entre otras cosas, de poder obtener deuda para el financiamiento del déficit en la Argentina. Esgrimidas estas problemáticas en el marco del Estado y el régimen político, quedan por plantear con total repudio, en el contexto de la sociedad civil, el accionar de ciertos sectores que en los días pasados aprovecharon la oportunidad para desatar una serie de hechos vandálicos. Con su forma de actuar, generaron pusieron en peligro un reclamo que en su gran mayoría fue totalmente legítimo (afortunadamente, los cacerolazos aparecieron para contrarrestar lo que estas organizaciones habían tejido y para repudiar pacíficamente la reforma previsional). Asimismo, se debe expresar que la policía sufrió muchas agresiones pero también, como muestran muchas fotos y videos de la manifestación, desplegó un accionar represivo exagerado. La misma Elisa Carrió, integrante del oficialismo, expresó esta cuestión en una nota en el interior del Congreso durante el primer día de protesta. Los sucesos que se vivieron en el recinto legislativo en estas mencionadas jornadas se erigen como posibles daños a un sistema político que debemos cuidar entre todos. No se puede tolerar la violencia ni tampoco la ineficiencia de los funcionarios que nos representan. Ahora la Justicia será la responsable en dilucidar los trasfondos de esos días. No obstante, como ciudadanos no podemos tolerar estos comportamientos de la clase política, con sus complicidades y reformas que afectan a los sectores más vulnerables, ni de aquellos sectores violentos de la sociedad civil. De nosotros depende el andar del sistema político, para que funcione de la mejor forma posible.Julián Lazo Stegeman
