El derecho a saber lo que pasa

En primer lugar, en el artículo 1° de la Carta Magna se expresa que "la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal". En segundo lugar, se marca en el artículo 14 de la Constitución Nacional que promulga el derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Asimismo, desde la reforma constitucional de 1994 el derecho de acceso a la información pública también es agregado en los artículos 38 (partidos políticos), 41 (medio ambiente), 42 (consumidores y usuarios), 43 (habeas data). Además, el derecho de acceso a la información pública se ubica en diversas declaraciones y tratados de derechos humanos que en Argentina cuentan con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 CN) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos.Dados los acontecimientos de índole económico que se están viviendo en la Argentina, derivados de los nuevos rumbos encarados por el Gobierno Nacional en relación a la toma deuda y a la expansión de un modelo fuertemente ligado al sector externo y sus vaivenes, se torna fundamental el derecho al acceso a la información pública para conocer fehacientemente las acciones que encara el oficialismo en estos planos económicos, no sólo para que la ciudadanía se percate de los números que se están manejando actualmente en las cuentas nacionales sino también para conseguir desde el Estado toda la información necesaria en esta materia, para saber qué dejaron los gobiernos anteriores y qué está haciendo la actual gestión con su modelo económico-político.Es imprescindible reflexionar sobre este derecho y no omitir su importancia para una correcta implementación de la soberanía popular. El derecho de acceso a la información pública es la oportunidad que poseen todos los individuos de buscar, solicitar y recibir información que se encuentra en las diferentes aristas que configuran el Estado o en posesión de privados, pero que es producida mediante fondos públicos o en acción de una función pública encomendada o autorizada por el Estado. El hecho de poder observar este tipo de datos y documentos es sumamente trascendental para ejercer, a su vez, otros derechos. Sin información no hay alternativa de acceder a servicios de salud, de educación o expresarse libremente. Por otra parte, el acceso a la información pública es significativo ya que fomenta el fortalecimiento de la democracia y la república.Cuando desde los gobiernos nacionales (en su momento el Kirchnerismo y ahora el Macrismo), que en definitiva son los administradores de un Estado del cual formamos parte como ciudadanos, se opta por el silencio, el hermetismo, y la información a medias, el derecho de acceso a la información pública se observa completamente vejado. Los ciudadanos no pueden hacer valer lo que les corresponde y la mencionada soberanía popular, ligada al sistema democrático y a las instituciones republicanas, se encuentra con muchos obstáculos para su despliegue.Por otro lado, la necesidad de acceder a la información pública localiza su justificación en los principios que, como ya expresé, alimentan al sistema democrático y republicano de gobierno. A su vez, de la forma republicana que el Estado Argentino acoge subyacen el principio de transparencia en el funcionamiento de la administración pública y la posibilidad de participación de las personas que habitan en el país.Ningún oficialismo de turno se puede situar entre los ciudadanos y sus derechos ni tampoco tomar posturas cerradas donde no se respeten aquellos tan importantes como el derecho a la información pública. En momentos como éstos, donde se hallan nuevas circunstancias que generan fluctuaciones en diversas áreas de nuestra Nación, debemos estar atentos para que nuestros mencionados derechos no se soslayen.Julián Lazo Stegeman (La Nación, Página 12, Clarín)

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