A diferencia de lo ocurrido con el balneario local gualeyo antes citado, en donde queda relativamente claro que la expropiación del lugar es innecesaria. La estatización, pese a quien le pese y más allá de las intenciones políticas y estratégicas del Kirchnerismo, responde a conceptos claves de la seguridad jurídica y defensa del patrimonio público. Norma Giarraca (Titular de Sociología Rural de la UBA) y Enrique Viale (abogado ambientalista) establecen en primer lugar que: "El gobierno de Menem, desconociendo todos los antecedentes, procedió a efectuar una venta por decreto; es decir un parque público de 12 hectáreas lo vendió como un inmueble de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión. Fue el 20 de diciembre de 1991 -poco tiempo después del decreto nacional de desregulación económica que tanto complicó a los agricultores argentinos- cuando vendió ese predio a un precio ridículo de 30 millones de dólares y en cuotas, gran parte de las cuales siguen impagas". Es decir que durante el gobierno de Carlos Menem se vendió el predio por decreto a 30 millones de dólares en cuotas, pero una pericia de tasadores de la Corte Suprema de Justicia estableció que el valor de mercado era de 131.800.000 millones de dólares. Tras marcar el precio vil de la espuria operación, el juez federal Sergio Torres procesó en 2010 por el delito de peculado, entre otros, al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y al ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía, principales implicados en el traspaso del terreno. A seguir, Giarraca y Viale establecen que: "la resistencia a este acto de corrupción vino de la mano de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que denunció penalmente esta acción que derivó en un proceso penal, que aún subsiste, contra directivos de la SRA y decenas de funcionario públicos, incluyendo al ex presidente de la década de los '90 y su ministro de Economía Cavallo". De este modo queda claro como en aquellas épocas neoliberales, ciertos sectores de poder se manejaban impunemente mientras que la gran mayoría del pueblo se perdía en la miseria. Además, como aluden los dos profesionales ya mencionados: "la SRA se apuró en sus negocios violando el Código de Planeamiento Urbano que zonifica al predio en Urbanización Parque (UP); es decir, destinada a espacios verdes y parquización de uso público. En 1997/1998 el GCBA autorizó obras prohibidas y en el año 2004 se firmó un convenio con la SRA mediante el cual se pretendía autorizar nuevas obras también en franca contradicción del Código de Planeamiento Urbano. Como señala el abogado Pedro Kesselman, pionero en esta lucha, los sucesivos gobiernos porteños convirtieron al predio de La Rural en una suerte de territorio extranjero que manejaba sus propias normas, sin respetar ninguna de las normativas de uso del suelo. Allí se hicieron recitales, carreras de autos, fiestas, casamientos, en suma toda clase de eventos, ninguno de ellos permitidos por la zonificación que el predio posee". Finalmente estos autores indican que: "Seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etcétera. Por ello es que, sin perjuicio de la conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero -como nunca debió dejar de serlo- con una real, activa y amplia participación de quienes lucharon durante estos más de veinte años por la defensa del patrimonio público". En conclusión, se puede argumentar que el Gobierno mantiene un enfrentamiento con la Sociedad Rural Argentina (olvidándose muchas veces, como ocurrió durante la problemática de la "Ley 125", de las grandes multinacionales cerealeras que contaminan y estafan continuamente al fisco Nacional) y el intento de expropiación responde en parte a esta cuestión. No obstante, la seguridad jurídica y el patrimonio público están sufriendo vejaciones por desprolijidades que vienen del pasado. Por esta razón, la estatización no es ni ilógica, ni avasallante ni fuera de lugar.Julián Lazo Stegeman

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