La Ley de Medios

Primeramente, debemos decir que el campo de los medios de comunicación en nuestro país es sumamente complejo ya que hay múltiples relaciones y negociados que forman toda una maraña indescifrable en donde se esconden aquellos que poseen todo el capital no sólo económico sino también simbólico. La Ley de Medios aparece como una herramienta que intenta terminar con todo este embrollo planteando pautas y normas claras para que todos los agentes del campo se muevan allí con cierta igualdad de condiciones. También, para ponerles una pausa a aquellas corporaciones que dominan y ostentan todo el poder mientras que los medios más pequeños como, por ejemplo, las revistas culturales, se encuentran subordinados a las reglas impuestas por los verdaderos dueños mediáticos. Una esclarecedora ilustración sobre esta situación es el siguiente fragmento del comunicado sacado por la revista Barcelona: "el sistema de distribución de diarios y revistas está en crisis. En medio de esa crisis, los actores de posición dominante en el sistema han decidido, de manera unilateral, cambiar las condiciones de su funcionamiento. Sin posibilidad de encontrar otra vía para llegar a sus lectores que no sea el tradicional y hoy crítico circuito de distribución, Barcelona se ve obligada a acatar estas nuevas condiciones, que no distinguen entre grandes editores con grandes pautas publicitarias y con negocios conexos y pequeños editores con proyectos autogestivos, y que tienen por objetivo repartir las pérdidas de manera igualitaria cuando, durante décadas, las ganancias se repartieron entre unos pocos". Precisamente, los grandes dominadores como el Grupo Clarín no sólo manejan la información per se sino que también todos los hilos del sistema comunicativo como la difusión y distribución (otra lúcida ejemplificación de esto fue toda la polémica desarrollada un tiempo atrás por "Papel Prensa"). Ahora bien, esta legislación no es un ataque al medio opositor más grande, esto debe quedar claro. La Ley de Medios, a través del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, pretenderá, ya con el artículo 161 en vigencia, dialogar con todos los grupos mediáticos (reitero, con todos los grupos, los cuales son muchísimos, sean opositores u oficialistas) que excedan las pautas establecidas en la mencionada ley y deban readecuarse a ésta. Reconociendo de este modo, la vigencia de la misma. A propósito de esto, los tres poderes que integran la República Argentina (Judicial, Ejecutivo y Legislativo) contemplan y consideran propicio la aplicación de esta disposición no sólo para darle nuevos aires al ámbito de la comunicación social nacional sino también para reemplazar a la Ley de Radiodifusión 22.25 desarrollada por la última dictadura cívico-militar. Es decir que el oligopolio más grande de Argentina dirigido por Héctor Magnetto se cree un "Estado dentro del Estado" ya que a partir de medidas cautelares y jueces amigos, intenta seguir manteniendo sus intereses corporativos. Sobre este asunto, se refirió la mismísima Corte Suprema alegando que los plazos vencieron para Clarín y que el multimedios adoptó una postura dilatoria con respecto a la justicia que, además, atenta contra la seguridad jurídica de la Nación. Asimismo, expresó que la Ley 26. 522 no altera negativamente la libertad de expresión y desde el mencionado grupo, se han aportado ineficientes pruebas que demuestren vejaciones a ésta para declarar inconstitucional el edicto. Aclarado todo esto, hay que tener en cuenta ciertos detalles no menores como las estrategias que utilizará el Grupo Clarín para no adaptarse legalmente a la legislación: por un lado, seguramente, intentará seguir mandando cautelares ya que esta habilitado para hacerlo. Por el otro, diagramará una readecuación trucha en donde la apertura de los medios que poseen caerá en manos de testaferros de los propietarios de siempre. Para finalizar, quiero marcar que aunque este de acuerdo con la Ley de Medios, no puedo omitir que esta intención benevolente y antimonopólica del Kirchnerismo, tiene una faceta táctica en la forma de hacer política. Porque el oficialismo sabe, como lo supo el General Perón en su momento, que los medios de comunicación son un instrumento fundamental para el armado del poder. Y que mejor que una normativa que ponga límites a la voz hegemonizante y opositora de Clarín para que puedan oírse otras también. Seguramente algunas serán oficialistas, otras continuaran siendo opuestas y otras preferirán no meterse en estos temas. El punto es que al intentar terminar con el oligopolio entre medios opositores y oficialistas queda en evidencia que en Argentina, hay otros sectores en donde el poder sigue siendo concentrado. Tal como lo demuestra el informe del diputado Héctor Polino sobre la concentración en la era de los Kirchner: "2 empresas controlan el 70 % de la venta de leche fluida: Sancor y Dadone (La Serenísima); 2 empresas controlan el 89% de las ventas del pan lactal, Bimbo (extranjera) controla el 61%; 2 empresas controlan el 75% de ventas minoristas Carrefour (extranjera) y Cencosud (extranjera); 1 Empresa controla 77% de los fertilizantes: Profertyl; 1 empresa controla 79% agroquímicos: Aventis; 3 empresas controlan el 96% del mercado de cemento: Loma Negra (Brasil), Minetti (Suiza), Avellaneda; 4 empresas (en realidad 2) controlan el 100% del mercado de la telefonía celular; 28 grupos económicos controlan la producción del 80% de productos básicos: alimentos y productos limpieza. De los cuales 26 son extranjeros y 2 son argentinos en sociedad con empresas extranjeras". Sumado a que 6 multinacionales cerealeras controla exportación de granos, engañando al fisco y estafando a los productores. Entonces, que el acierto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no oculte las otras áreas en donde haría falta la desconcentración de capitales.Julián Lazo Stegeman

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