Para que quede claro: el derecho de acceso a la información pública es la oportunidad que poseen todos los individuos de buscar, solicitar y recibir la información que se halla en las diferentes aristas que configuran el Estado o en posesión de privados pero que es producida mediante fondos públicos o en acción de una función pública encomendada o autorizada por el Estado. Poder observar este tipo de datos y documentos es sumamente trascendental para ejercer, a su vez, otros derechos.Sin información no hay alternativa de acceder a servicios de salud, de educación o expresarse libremente. Por otra parte, el acceso a la información pública es significativo ya que fomenta el fortalecimiento de la democracia y la república. Asimismo, en esta línea, podemos citar las palabras de la periodista Olivia Sohr: "el Estado tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión. No sólo debe responder ante pedidos de información por parte de los ciudadanos, sino también difundir activamente los datos relevantes. Así lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que explicitó en su informe de 2009 la obligación de máxima divulgación: el principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones. El principio detrás es que el acceso a la información es la regla y el secreto la excepción". Por otra parte, no debemos desconocer la trascendencia que este tipo de normativas tienen a nivel regional. En este punto, es oportuno considerar las palabras que Ramiro Álvarez (director del Área de Acceso a la Información de la ONG Asociación por los Derechos Civiles) le brindó al sitio Chequeado.com: "otros países en Latinoamérica están más avanzados en el acceso a la información, México y Chile son vistos como modelos en el tema porque tienen organismos dentro de la administración encargados de exigirle a las dependencias la información. Además funcionan como una especie de tribunal, determinando cuándo debe darse o no la información, y sientan así jurisprudencia". Como ya expliqué en un artículo pasado sobre esta cuestión, la necesidad de acceder a la información pública localiza su justificación en los principios que alimentan al sistema democrático y republicano de gobierno. Las formas que el Estado Argentino acoge subyacen al principio de transparencia en el funcionamiento de la administración pública y la posibilidad de participación de las personas que habitan en el país. En un entorno donde la corrupción y la falta de datos oficiales abundan, una normativa de este tipo significa un pilar legislativo clave para nuestro país. Es así que su debate y su plausible aplicación como ley debe llamar la atención de todos nosotros, como ciudadanos comprometidos y cívicamente correctos.Julián Lazo Stegeman

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