La presidente Cristina Fernández de Kirchner se expuso durante estos días propensa a negociar con los fondos buitre beneficiados por el fallo del juez Thomas Griesa. A su vez, el magistrado estadounidense produjo un escrito en el que anunció que si Argentina intenta cambiar la jurisdicción de la deuda bajo legislación del país norteamericano, ésta acción será considerada un desacato. Por su parte, el diario The Wall Street Journal publicó esta semana que desde el fondo Elliott, que administra al NML (principal demandante), mostraron su preferencia de iniciar una fase de negociación. De esta forma, todo parece indicar que esta contingencia podría llegar a resolverse por esa vía. Los inversores en Wall Street festejaron las novedades y los papeles argentinos que cotizan en esa plaza subieron un 14 por ciento. La primer maniobra del Gobierno Nacional fue la de asegurar el resguardo de los bonistas que aceptaron el canje. El objetivo fue otorgarle previsibilidad a ese 93% de acreedores que había colaborado con el peso de la deuda y aceptado una reestructuración. Esa pretensión que enunció Fernández de Kirchner, y que luego confirmó Kicillof, quedó sin sustento legal cuando la Cámara, en menos de 48 horas, abrió el escenario para que los holdouts puedan ejecutar sus sentencias. El fallo del Juez neoyorquino obliga a pagar 1330 millones de dólares -más intereses- en efectivo y en una sola cuota cuando el nuestra Nación liquide el próximo vencimiento de deuda. En caso contrario, podrán embargarse los fondos para el pago de ese vencimiento, lo que generaría la situación de default técnico. Entre el pago en efectivo que quieren los fondos buitres y la oferta de canje de su deuda defaulteada que presentó Argentina, las alternativas son diversas. El antecedente que todavía da esperanza a los enviados nacionales es que los principales fondos litigantes (NML, Aurelius y Blue Angel) suelen aceptar bonos como resarcimiento, los cuales rápidamente venden en el mercado. Es por eso que, según señales que libraron desde NML, es plausible la negociación con el gobierno argentino. Asimismo, querrían condiciones similares a las que ofreció el país a sus prestamistas del Ciadi, de los países del Club de París y a Repsol por la estatización de YPF. En todos los casos, se requiere que Griesa brinde garantías para para que se produzca la apertura del canal de diálogo. Los pagos por los reclamos vía cláusula de pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) se ampliarían hasta los 15.000 millones de dólares, proporcionado al 7% de holdouts actual que no entraron al canje. Se adicionaría a esto el 93 por ciento que dio en su momento el visto bueno a una quita en el canje y podría reclamar la diferencia. En este último caso, el país podría expresar que la mejora que recibieron los buitres fue forzada y no voluntaria, como detalla la cláusula RUFO, que obliga a igualarles la oferta a los bonistas que ingresaron. De todos modos, esto también estará pendiente de la interpretación de la Cámara de Nueva York.Julián Lazo Stegeman

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