Que durante toda la etapa kirchnerista la Oficina Anticorrupción (OA) haya permanecido nula es un ejemplo de cómo se manejaron las cosas en ese tiempo. Que esta mencionada institución haya quedado obsoleta y destruida luego de la salida del FPV del Gobierno Nacional, con papelerío e infraestructuras deterioradas, es una muestra de lo que pasó, lamentablemente, en estos últimos años con la corrupción. En 1999, como explica la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, "el Congreso de la Nación mediante la Ley de Ministerios y sus modificatorias creó la OFICINA ANTICORRUPCION en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS con el cometido de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y ejercer las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley N° 24.946". Es Precisamente en estos puntos donde radica la importancia de la OA. Citando su artículo 1° queda claro que "la OFICINA ANTICORRUPCION funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como organismo encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por esta reglamentación se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley N° 24.759". Es decir que el correcto funcionamiento de este organismo es sumamente importante para la eficiente forma de nuestra república. Cuando asumió Mauricio Macri como Presidente de la Nación, las promesas de cambios abundaron, sobre todo en lo que respecta a la transparencia política, en contraposición a lo que habían sido los doce años del Kirchnerismo. Sin embargo, las situaciones turbias no tardaron en aparecer, esta vez de la mano de los famosos Panamá Papers. La importancia de este acontecimiento radica en que fue un punto de inflexión para comenzar a debatir y polemizar acerca de la nueva encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Como se sabe, la funcionaria fue Diputada PRO por la CABA, obviamente en total sintonía con quien es hoy el Presidente del país, entonces ¿no es una incompatibilidad esta circunstancia? Sumemos que en reiteradas oportunidades Laura Alonso ha estado en el centro de la escena por intentar proteger y justificar situaciones poco claras de diversos funcionarios del oficialismo actual, el tema de los mencionados Panamá Papers es una notable ilustración de esto. En consonancia con lo expresado más arriba, vale recordar que en el Macrismo hay 54 funcionarios con incompatibilidades para ejercer la función pública. En este contexto, la OA no ha hecho nada al respecto para intentar regular la situación. Es así que las dudas sobre la eficiencia de esta institución continúan. Como ciudadanos debemos estar atentos a estas cuestiones y entender que los organismos de control son pilares fundamentales para fomentar y establecer la transparencia y ética pública en cualquier lugar del mundo, sobre todo en el nuestro.Julián Lazo Stegeman(Fuentes: La Nación, Página 12, Infoleg)

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