Otra vez el impuesto a las ganancias
El paro general llevado adelante en la última semana por diferentes gremios tuvo una demanda en común: el impuesto a las Ganancias. Puesto en el banquillo por muchos trabajadores y con una oposición que continuamente se expresa a favor de su reforma, el Impuesto a las Ganancias se ha ubicado en la agenda pública de la sociedad argentina en un lugar preponderante.
Nadie puede desconocer su significancia en la actualidad. Es el tercer impuesto más trascendente en cuanto a volumen de ingresos al Estado, detrás del IVA y los impuestos sobre la nómina salarial (aportes y contribuciones patronales). En febrero del corriente año, la AFIP recolectó $ 25.165 millones por el Impuesto a las Ganancias, con un crecimiento del 39,7% frente al año pasado. Significó el 23,7% del total cobrado. Asimismo, una regresión en los últimos años posibilita observar cómo el peso de Ganancias aumentó a la par de la inflación. Basándose en los datos del Ministerio de Economía, en 2006 se recaudaron $ 9.930 millones por Ganancias a personas físicas, mientras que en 2014 ese número ascendió a los $ 111.220 millones. Constituye el 2,59% del PBI. El impuesto se comienza a tributar cuando la remuneración bruta mensual supera los 15000 pesos. Según el Gobierno Nacional, apenas el 11% de los asalariados en blanco están en obligación con respecto este impuesto. Por otra parte, uno de los reclamos más aludido es el arreglo de la escala de alícuotas, o sea, la tabla de porcentajes progresivos que cada contribuyente debe pagar por Ganancias de acuerdo con su renta neta. Actualmente, van del 9% al 35%, aunque la tabla se mantiene sin cambios desde el comienzo del nuevo milenio, contexto que se vio desfigurado por el alto índice de inflación del país en la última década. Es imprescindible hacer hincapié en que el debate más fuerte que se debe hacer a este sistema son los límites entre una categoría y otra, al fin de cuentas concluyen poseyendo un mayor ingreso de bolsillo los que están por debajo de la línea que los que la superan. Es decir que, en determinados puntos, conviene un salario menor para poder incluir mayores deducciones en el cálculo de Ganancias y terminar cobrando más dinero en mano. Esto sucede ya que no se han modificado las escalas con las cuales los laburantes deben contribuir, en el 2000 iban del 9 al 35 % de acuerdo a las deducciones. En cambio en la actualidad, la mayor parte de los trabajadores paga el 35 %; una dislocación muy fuerte en cuanto a lo que se le saca al empleado frente a lo que paga una compañía. En la medida que le sube el sueldo al asalariado, proporcionalmente paga más al Estado que lo que le queda en su bolsillo.Para un gobierno resulta conveniente un impuesto fácil de cobrar y difícil de evadir. Sin embargo, como ya expresé, la distorsión se ha ido configurando desde el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner por la fuerte suba de la inflación que provocó grandes aumentos salariales. Desde el 2007 hasta el 2014 el monto del impuesto a las ganancias tributado por los trabajadores subió más de un 100 % en tanto que el pagado por las empresas aumentó un 25 %. En ese tiempo la inflación medida por consultoras privadas subió más de un 200%. Más allá de lo que se pueda llegar a decir en un año electoral, lo que se está precisando es una reforma integral del sistema impositivo de la Argentina y no transformaciones parciales que produzcan inequidades en casos determinados con pocas diferencias de salarios. El uso de un dispositivo de actualización automático de las deducciones puede ser un entramado factible según diversos especialistas en vías de una solución para un gravamen que provoca tanta disputa.Julián Lazo Stegeman
