Para comenzar a desenmarañar este complejo asunto es imprescindible comprender que posee dos aristas sumamente importantes. Por un lado, la parte legal y jurídica, por otra, el ámbito político y social en donde se lleva a cabo el problema. El segmento legal se sostiene básicamente por dos conceptos que se interrelacionan: el de "utilidad pública" y el de "expropiación". Con respecto al primero, la Diputada Nacional Ana María Monayar, expone una sencilla explicación del mismo: "La utilidad pública está en la esencia de la expropiación: es su razón de ser, su justificación. El concepto de utilidad pública refiere a todo aquello que satisface una necesidad generalmente sentida o la conveniencia del mayor número con la finalidad de maximizar el bienestar general". Monayar prosigue diciendo que: "Más allá de esto, lo trascendente de la declaración de utilidad pública es que esta constituye la causa jurídica que torna admisible el proceso expropiatorio, haciendo constar que el bien que se pretende transferir es necesario para la satisfacción de la utilidad general". Además de esto, la Ley 21. 499 sancionada el 17 de enero de 1977 establece que: "utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual". Precisamente, es en estos puntos donde quiero marcar mi posición contraria a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo local y sancionada por el Concejo Deliberante. La utilidad pública, en este caso, es inviable ya que Gualeguay cuenta con un balneario municipal hace mucho tiempo. Asimismo, goza de la existencia de terrenos públicos sancionados por el Legislativo para ser convertidos en playas balnearias. En adición, hay dos proyectos para crear complejos de esta índole en la zona del reservorio y la costanera. Sumado a la coexistencia de dos balnearios privados como lo son el Paso Coronel y el mencionado Paso de Alonso. Es así que al quedar a un lado la noción de "utilidad pública", el concepto de expropiación pierde su esencia y soporte jurídico. No se puede uno sin el otro. Están legalmente concadenados. Como si todo esto fuera poco, el relato oficial se construye sobre la mentira de expresar que no se conocen los dueños del predio. Desactivando esta falacia, el Concejal Radical Héctor Jaime argumentó que: "Es mentira que no se sabe quiénes son los dueños. Están los herederos y a ellos no se los consultó, si quieren o no vender el terreno. El dueño murió hace dos años y están los sucesores, quienes administran el terreno, a través de un fondo fiduciario". Políticamente hablando, todo este embrollo golpea de lleno a la sociedad civil gualeya ya que el balneario Paso de Alonso, efectivamente como lo caracterizó el Intendente, es un patrimonio natural de la ciudad. Pero no sólo eso sino que también forma parte de nuestra historia, tradición y cultura como pueblo. De esta forma, las 7000 firmas que levantaron los vecinos de la ciudad en contra de la iniciativa de expropiación, no son un dato menor. Sino que demuestran el claro desafecto que tiene gran parte de la comunidad por la plausible medida. Lo cual puede repercutir negativamente en la actual gestión del Gobierno Municipal. En fin, nuestra querida ciudad se ha sumido en el común dilema de lo privado y lo público. La intendencia, como organismo ejecutivo elegido democráticamente para que nos represente, debe estar atenta y prestar cuidado para lograr un efectivo y equilibrado control de los factores anteriormente apuntados y así poder generar un bien común para todos sin avasallar los intereses de nadie. Claramente, con este cometido de norma expropiatoria, está fallando en uno de sus principales objetivos. Esperemos que se recapacite sobre esto y se solucione este inconveniente que por errado no deja de ser relativamente normal en el seno de las sociedades donde conviven, como ya especifique más arriba, lo público y lo privado.Julián Lazo Stegeman

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