REFORMA JUDICIAL
Los proyectos de reforma judicial impulsados durante estos días por el Ejecutivo Nacional llegaron al Congreso y generaron opiniones cruzadas a favor y en contra desde distintos ámbitos entre funcionarios, magistrados e intelectuales. Dada la polémica y la importancia que posee este tema, en el presente artículo intentaré brindar una aproximación a ciertas cuestiones que hacen trascendental este asunto.En primer lugar se debe mencionar que la transformación del sistema judicial podría ser muy grande si el Congreso ratifica los proyectos de reforma que anunció Cristina Fernández de Kirchner como parte de su propósito para alcanzar el objetivo de una “justicia legítima, democrática y ágil”, según sus palabras.
La Presidente expuso un paquete de seis propuestas de ley destacándose por encima de las demás la que apuesta a transformar el Consejo de la Magistratura: se eleva la composición de 13 a 19 miembros, serán elegidos por voto popular los jueces, abogados y académicos que lo integren. Entre estos últimos podrá haber un abanico interdisciplinario que va desde médicos hasta periodistas pasando por otras profesiones como ingenieros, profesores, etc. Se postularán, si la ley se sanciona en tiempo y forma, en las próximas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esas listas serán elegidas en toda la Argentina. Los mandatos de los consejeros actuales permanecen vigentes hasta noviembre de 2014. Fernández de Kirchner expresó que seguirán en funciones todo ese periodo. De este modo, si los nuevos consejeros se eligen en el 2013, habrá un Consejo de transición de 25 miembros, hasta quedar en 19. Se ubicarán cuatro académicos por el partido mayoritario y dos por la minoría; dos abogados por la mayoría y uno por la minoría, y los jueces también serán dos por la mayoría y uno por la minoría. Asimismo, los jueces no integrarán los jurados en los concursos, sólo serán docentes de universidades públicas. Para evaluar los antecedentes de los postulantes no importará venir de un cargo judicial. Cualquier abogado de la matrícula que congregue las condiciones necesarias podrá ser juez. No estarán habilitados para ser magistrados aquellos que hayan ocupado cargos en el Poder Judicial durante la última dictadura cívico militar. Para solucionar el problema de los juzgados vacantes se realizará un "concurso previo". Habrá concursos periódicamente por fuero e instancias donde surgirá un orden de mérito de nombres disponibles para distintas ternas a medida que se produzcan disponibilidades. Cabe aclarar que el Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la Constitución de 1994. Actualmente está constituido por seis legisladores (cuatro del oficialismo, dos de la minoría), un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico. Tiene funciones enormes, superiores a la capacidad y al grado de disposición de sus integrantes, los cuales, también, realizan otras actividades. Un error inicial es no conocer el carácter predominantemente político de la elección de los jueces, que intenta derivarse a corporaciones de escasa representatividad, aunque muy presumidas. Las pretensiones de la Presidente son, a priori, darle mayor participación a la ciudadanía en contra del corporativismo allí presente. No obstante, los opositores de la reforma argumentan que las verdaderas intenciones del Kirchnerismo son terminar con la autonomía del Consejo sometiendo a los jueces al control del partido mayoritario y establecer un nuevo orden en la justicia de nuestro país donde los mecanismos de esta estén sujetos a una mayoría ocasional que responde a una única voz. A mi criterio, el quid de la cuestión está en entender que todo se trata de politizar la justicia con el objetivo de lograr ventajas en ese sector. Lo primordial en estos objetivos es obtener la potestad para la designación de jueces y así adquirir ventajas políticas y de poder. Es cierto que el Consejo está casi paralizado ya que un bloque opositor de cinco integrantes, donde dirige la UCR, traba las decisiones importantes como la acusación y selección de jueces, que requieren los votos de los tercios de los presentes. Sin embargo, los propósitos de agilizar esta institución no pueden ser separados de, como ya mencioné, los planes para lograr ventajas por parte del Frente Para la Victoria. Por esta razón, debemos estar muy atentos. Otra de las reformas impulsadas por el oficialismo son las modificaciones del régimen de medidas cautelares que tramitan contra el Estado y sus entes descentralizados. Esas medidas provisionales tendrán un límite de vigencia de seis meses. Posteriormente a este lapso de tiempo, el juez tendrá que dictaminar la sentencia de fondo. Además, no podrá haber cautelares de efecto patrimonial para el Estado, partiendo de la base de que nunca es insolvente, siempre podrá responder. La única forma de que sean dictadas son en casos en que el perjuicio no sea reparable cuando estén en involucradas la vida, la salud o los derechos alimentarios, pero no en cuestiones patrimoniales. Esta situación, responde claramente a la meta del Kirchnerismo para no seguir atado a las medidas cautelares por la Ley de Medios o en el tema del predio de La Rural. Se observa aquí, explícitamente, las intenciones políticas del FPV. Puede parecer lógico o no, pero esto, a mi entender, es así. En adición, comprendo que esta reforma puede perjudicar el beneficio que gozaron, por ejemplo, los ahorristas que consiguieron un amparo en contra del "corralito" en el 2001 o los sindicatos que, tres años antes, frenaron en la justicia laboral la flexibilización con que Menem trataba de salvar la convertibilidad. Otro de los proyectos es el de acceso directo a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios de los tres poderes. Hoy el procedimiento es un trámite negativamente burocrático. La finalidad es que cualquier ciudadano pueda observar vía internet de la declaración patrimonial de jueces, fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo y legisladores por igual. Asimismo, de las de quienes se postulan como aspirantes, aún antes de ocupar cargos electivos. Todos ellos tendrán la obligación de hacer pública su declaración jurada en forma directa. Esta propuesta me parece sumamente acertada ya que como ciudadanos deberíamos contar con el derecho a la información de estas cuestiones tan discutidas hoy en día. Debemos referirnos al proyecto que alude al ingreso democrático, por concurso, para ser empleado del Poder Judicial desde el escalafón más bajo, todo desde un marco de igualdad. Esto quedaría determinado por ley. Se tomará un examen de conocimientos básicos y se conformará un registro de ingresantes donde se hará un sorteo a través de Lotería Nacional. También habrá concursos para los cargos de secretario y prosecretario letrado. Por otra parte, los jueces de todas las instancias estarán obligados por ley a publicar el ingreso de causas, los números de expedientes y estado procesal de los expedientes creando una base de datos de libre acceso. Esto parece correcto ya que aplica un manto de transparencia y conocimiento de todo este embrollo muchas veces oculto a la ciudadanía. No puedo dejar de mencionar que habrá tres nuevas cámaras de Casación (ahora sólo hay una en el fuero penal): una en lo Contencioso Administrativos, otra en lo Civil y Comercial y otra de Trabajo y Seguridad Social. La justificación de esta reforma se asienta en el deseo de dinamizar la tramitación de causas en la Corte, aunque genera varias dudas. Sobre esta situación, quiero citar las palabras del intelectual Roberto Gargarella para ilustrarnos claramente: "A la luz de los agravios que genera el Poder Judicial, y el modo en que su accionar afecta, expulsa y daña a los más desaventajados, la reforma de la justicia propuesta es una falta de respeto. Ella no dice nada sobre los excluídos; no facilita en nada el acceso de los pobres a los tribunales; no les ahorra formalismos, ni abogados, ni dinero. Por el contrario, la reforma, por caso, agrega instancias (nuevas Cámaras de Casación) que servirán para levantar el poder de extorsión de los poderosos, y forzar a los pobres a negociar su rápida salida de un juicio que ellos no pueden nunca y de ningún modo mantener en el tiempo (pero sí sus patrones). Es decir, se trata de una reforma antipopular, antiobrera, vestida de reforma democrática". En conclusión quiero agregar que el tema de la reforma judicial, si se da, es un acontecimiento muy importante. Por lo tanto todos los ciudadanos debemos estar interesados y atentos por lo que sucede y no ser sometidos por cambios que, si resultan malos, nos pueden afectar profundamente.Julián Lazo Stegeman
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