"Estamos ante una escandalosa causa en la que el juez Claudio Bonadío, actuando una vez más como exponente del partido judicial, violenta el estado de derecho para llevar a cabo una operación política con un doble propósito, tratar de encubrir el irremediable fracaso de la Alianza Cambiemos , cuya consecuencia es la profunda crisis económica -social que padecemos, y desatar una desembozada campaña de persecución contra la líder de Unidad Ciudadana y principal figura de la oposición, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, buscando su desafuero y sacarla de carrera para el 2019", destacó. Acto seguido, destacó que esta cuestión es regional, y mencionó el caso de Lula, quien también cuenta con la mayor intención de voto. A su vez, indicó que existe una "guerra judicial" contra líderes populares contrarios al modelo neoliberal contrarios a la estategia de la Casa Blanca, entre los que se agregan Evo Morales y Rafael Correa; y describió un nuevo "Plan Cóndor" mediático judicial que no cierra sin violencia contra los pueblos.Endeblez jurídicaEn su condición de abogado, Gálligo criticó el proceder jurídico: "La insanable endeblez jurídica de la causa se desprende de su burda instrumentación: se inicia con la copia de escritos cuyos originales no se aportan y su redacción, atribuida a Centeno, en verdad es obra de los servicios de inteligencia que, en este y otros sonados casos, actúan en connivencia con integrantes del partido judicial de la calle Comodoro Py, actualmente Comodoro Pro", denunció. Luego cargó contra "la figura del arrepentido que hace Bonadío, buscando proteger empresarios que forman parte de la patria contratista en obras públicas, sus gerentes y testaferros que confiesan delitos, como Ángelo Calcaterra". También destacó la relación del fiscal Carlos Stornelli, como antiguo colaborador de Sociedades Macri e integrante de la C.D. de Boca Juniors con el presidente de la Nación y con el operador judicial del PRO, Daniel Angelici. También recordó que Cristina solicitó "una auditoria global de la obra pública realizada desde 2003 al 2015 y el oficialismo traba su tratamiento legislativo". Para Gálligo, dicha traba responde a que "el 85% de la obra pública la realizaron Techint, Macri y Pérez Compac, con una larga historia en materia de sobornos".Lea más en la edición impresa

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