Conocida la decisión de la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, que dejó sin efecto desde el 19 de noviembre pasado los acuerdos del 26 de noviembre de 2002 (40/02), y del 5 de marzo de 2003 y sus concordantes, y sometió a consideración del Cuerpo la cuestión relativa a las autorizaciones que el Tribunal otorgó a funcionarios de la justicia para no aportar a IOSPER, Cañete valoró la decisión de la Magistrada. El funcionario recordó que en septiembre pasado se había reunido con integrantes de la Asociación de Funcionarios y Magistrados del Superior Tribunal de Justicia por la acordada de 2002, que permitía que integrantes del Poder Judicial no aportaran a la obra social entrerriana. "Por el camino del diálogo llegamos a un buen entendimiento y la situación se encauzó como esperábamos".Y añadió: "Agradezco a la presidenta del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, por haber encauzado la situación para que más de 200 funcionarios del Poder Judicial puedan volver a incorporarse al sistema de salud de la provincia. Hubo voluntad y decisión política, y eso es enormemente valorable".El marco actualMizawak consideró que la situación y el marco socio económico por el que atraviesan la provincia y su obra social, es diferente a la que imperaba cuando se dictaron las acordadas, advirtiéndose ahora un mejoramiento de las prestaciones de la obra social provincial.Por eso decidió dejar sin efecto desde el 19 de noviembre pasado y hacia el futuro, los acuerdos 40/02; y 5/03 y sus concordantes, dejando en claro que sólo presidencia o el Tribunal de Superintendencia podrán analizar y resolver cada caso de solicitud de eximición de aportes personales a Iosper.La acordada emanada del STJ lleva la firma de Mizawak, y los vocales Susana Medina de Rizzo, Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Bernanrdo Salduna, Leonor Pañeda, Emilio Castrillon y Juan Ramón Smaldone.El antecedenteLa Ley 5.480, orgánica del Iosper, establece en su artículo 3° que están "obligatoriamente" afiliados los "funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados", mientras el artículo 4° sólo exceptúa a los contratados, los que ocupan cargos electivos o los que pertenezcan forzosamente a un régimen municipal o nacional.

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