Al respecto, la legisladora de nuestra ciudad recordó que "dentro de los considerandos esbozados en la norma señalada, el Gobierno Provincial pretendió el ordenamiento y regularización fiscal, a fin de favorecer la sustentabilidad y el desarrollo económico de la Provincia. Entendiendo oportuno, en el contexto económico y social que transitaba y transita la Provincia y la Nación toda, por ello facilitó y promovió a los contribuyentes y responsables el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias".Sin embargo, Tassistro explicó "el presente proyecto es movilizado por la inquietud trasmitida diariamente por los ciudadanos donde manifiestan casos donde no han podido cumplir en tiempo y forma con el plan de pagos suscrito con la A.T.E.R., deviniendo en consecuencia la caída de los beneficios excepcionales otorgados por la Administración Provincial, como así también por la divulgación de los último indicadores oficiales por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), donde la tasa de desocupación del segundo trimestre trepo a 9,3 %, actividad económica cayó en un 2,6% -variación agosto de 2016/agosto 2015-, producto interno bruto cae un 3,4 % -variación segundo trimestre 2016 y segundo trimestre 2015, la actividad industrial sigue la misma surte cayendo en 7,3 % -variación septiembre 2016 y septiembre 2015", justificó.Por último, aseguró que "en ese sentido consideramos que darle a los contribuyentes responsables, que demostraron oportunamente interés y voluntad de regularizar voluntariamente su deuda, una única oportunidad para permitirle continuar con el régimen de beneficios otorgados por el Poder Ejecutivo mediante decreto 296/16, es una forma de contribuir con el ingreso de recursos genuinos para las arcas de las provincias", finalizó.Viviendas para víctimas de violencia de géneroEn tanto, la diputada acompañó a su par Ricardo Troncoso en la firma de dos proyectos, los cuales están orientados a reservar cupo de viviendas ante el IAPV para mujeres jefas de familia que hayan sufrido violencia de género. La iniciativa en cuestión establece básicamente que el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda deberá reservar un cupo del 5 % de cada uno de los planes habitacionales implementados por la provincia, para las mujeres que cumplan con los siguientes recaudos: a) Jefes de Familia, víctimas de violencia familiar, dentro del marco de la Ley 26.485, con hijos menores de 18 años y/o discapacitados a su cargo, b) que hayan denunciado ser víctimas de violencia de género y c) carezcan ambos progenitores de un bien inmueble propio o perteneciente a la sociedad conyugal, d) tener domicilio real en la provincia de Entre Ríos, con 2 años de residencia mínima inmediata en el mismo, no siendo esto determinante para la adjudicación de la vivienda.

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