Primeramente, cabe mencionar que existen varios involucrados de nuestro país en la causa AMIA más allá de los ocho imputados iraníes: Hugo Anzorreguy (jefe de la SIDE en aquel momento), Carlos Menem (presidente de la Nación en ese tiempo), el 'Fino' Palacios (como representante de la policía) y el juez Galeano (máximo encargado de la causa en aquellas instancias). Todos ellos están sospechados, cargando, en términos políticos, una profunda responsabilidad. Judicialmente hablando, la cuestión es más rigurosa y no se los puede catalogar de culpables. Con respecto a esto, los tiempos de la Justicia vuelven a obstaculizar estos asuntos ya que el juicio oral se ha demorado y dilatado en demasía. Por otra parte, nadie puede desconocer ni se puede soslayar que hubo gestiones o movimientos de influencias, de la corporación política, de la corporación de los servicios, de ciertas personalidades de la comunidad judía para que esto no se investigue, todo sucedió bajo un contexto de animosidad para ocultar diversas situaciones. Asimismo, en la pesquisa que se efectuó, se llegó a la conclusión que la evidencia estaba tan intoxicada que no se podía dar lugar a las condenas que se habían hecho. Como resultado, la causa quedó contaminada. Es así, que en los veinte años transcurridos hasta el día de la fecha, lo que pasó aquel 18 de julio de 1994 se ha convertido en un entramado totalmente engorroso de descifrar. En relación al Memorándum que firmó el canciller Héctor Timerman con su par iraní Ali Akbar Salehi el 27 de enero de 2013, cabe expresar que el 15 de mayo del corriente año, la Cámara Federal declaró inconstitucional el acuerdo con ese Estado. A su vez, mientras esperan la ratificación de la Cámara de Casación, desde la DAIA, Jorge Knovlobits, marca que "el acuerdo está políticamente acabado y jurídicamente en terapia intensiva". En esa misma tendencia, el referente político de AMIA, Ariel Cohen Sabban, dice que "el Memorándum ya no avanza". A pesar del no apoyo de DAIA y AMIA, el Kirchnerismo siguió adelante y, durante una sesión especial de febrero del 2013, decretó el acuerdo con Irán en el Congreso. Esto generó el resquebrajamiento de la relación del Gobienro Nacional con la mayor parte de la comunidad Judía. Ésta criticó que se juzgue en Teherán a los imputados del ataque y recordaron que fue Néstor Kirchner quien reclamó a Irán la extradición de los imputados desde la Asamblea General de la ONU. Además, el Parlamento iraní nunca dio su aval al acuerdo con Argentina. La presidenta Cristina Fernández reconoció esto durante la apertura de sesiones del Congreso de este año. La DAIA, como entidad política de la comunidad Judía en nuestra Nación, presentará la primera semana de agosto el proyecto de ley para juzgar en ausencia a los iraníes imputados por el embate terrorista. Desde allí plantearon a todos los bloques de las dos cámaras del Congreso que den entrada al proyecto. En la AMIA todavía están evaluando si acreditan la iniciativa. Por su parte, grupos de familiares del atentado lo rechazaron. Por ejemplo, en APEMIA argumentan que serán juicios en ausencia de acusados, de pruebas y de testigos. De igual forma, este conjunto de familiares presentó hace unas semanas un nuevo proyecto de ley para conformar una Comisión Investigadora, separada del poder político, que ponga a su accionar los archivos en poder del Estado. Ejerciendo una memorización histórica, el último adelanto en la causa fue en 2006. La Fiscalía Especial de la causa AMIA, que conduce Alberto Nisman, solicitó la extradición de ocho ciudadanos iraníes a quienes les atribuyó la responsabilidad de la organización, financiamiento y ejecución del atentado a la mutual judía. A continuación, Interpol dictaminó la captura internacional del ex ministro de Información e Inteligencia, Alí Fallahjan; el ex comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohsen Rezai; el ex comandante de la fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural en Buenos Aires, Mohsen Rabbani; y el ex tercer secretario de la embajada en Buenos Aires, Ahmad Asghari. Asimismo, Los otros acusados por los fiscales, para los que no tutelan las alertas rojas, son Alí Akbar Hashemi Rafsanjani; el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Velayati; el jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah Imad Fayez Moughnieh.Julián Lazo Stegeman

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