Para realizar un análisis acerca del oficialismo actual y observar si pudo generar efectivamente el cambio propuesto en este ámbito, es fundamental, en primer lugar, definir qué es un Decreto de Necesidad y Urgencia para, en segundo lugar, revisar qué utilización le otorgó el gobierno de Cambiemos en comparación con los mandatos Kirchneristas anteriores. A propósito de la caracterización de los DNU, el periodista Matías Di Santi aporta una clara explicación: "un decreto de necesidad y urgencia es una ley con forma de decreto y, en principio, está prohibido, salvo circunstancias excepcionales. El artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional establece que se pueden utilizar cuando no se puedan seguir los pasos previstos para la sanción de leyes. El beneficio es dictar normas sin obtener la aprobación previa del Congreso de la Nación, aunque después estos deban ser aprobados por la Comisión Bicameral especial, según la Ley 26.122". En línea con esto último, considero oportuno citar otra apreciación de este periodista bajo el fundamento teórico del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, en lo que eran los primeros meses de Macri en Casa Rosada: "el Presidente utilizó este recurso para varios fines, desde la reforma a la Ley de Ministerios ya mencionada hasta para la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) e introducir varias reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasando por el DNU que posterga la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación. Según el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, en los dos últimos casos el Poder Ejecutivo emitió disposiciones legislativas sin que exista urgencia y en el segundo, además, lo hizo en materia penal, algo expresamente prohibido por la Constitución". Es decir que a priori, en aquellos primeros tiempos en el poder, Mauricio Macri ya estaba dando sus primeros pasos en la utilización del mismo mecanismo que usaba el Kirchnerismo y que tanto se criticaba desde los sectores que actualmente configuran Cambiemos. Pero esto no se detuvo allí, la periodista Cecilia Camarano realizó un raconto de los DNU dispuestos por el Presidente desde su asunción hasta inicios del año pasado (por cuestión de espacio, en esta columna se apuntaran algunos para ilustrar el continuo uso de este instrumento):Modificación a la Ley de MinisteriosEl DNU 13/2015 que utilizó el presidente para modificar la Ley de Ministerios, dio forma a su actual gabinete nacional. Dispuso la creación de 20 ministerios, más la Jefatura de Gabinete. Además, dispuso que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) dejen de pertenecer a la órbita de la Presidencia de la Nación y pasen a subordinarse al Ministerio de Comunicaciones, a cargo del radical Oscar Aguad.Modificación del Presupuesto 2016 y canje de Letra del TesoroEl Gobierno dispuso con el DNU 211/2015 el canje de una Letra del Tesoro emitida en 2006 -mediante el cual se pagó con fonos del Banco Central la totalidad de la deuda del Estado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- por un bono de deuda.Traspaso del sistema de escuchas telefónicasEl DNU 256/2015 quitó de la órbita de Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, el manejo del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), la oficina encargada de realizar las escuchas judiciales. El decreto dispuso además que esa tarea quedara bajo el control de la Corte Suprema de Justicia.Derogación del Código Procesal PenalEl DNU 257/2015 derogó todas las normas dictadas por leyes del Congreso relativas a la implementación del nuevo Código procesal Penal, incluido el artículo que determinaba que el 1 de marzo debía empezar a regir el sistema acusatorio.Creación del ENACOMLa creación del Ente Nacional de Comunicaciones, como ente autárquico y descentralizado en el ámbito del ministerio de Comunicaciones, quedó oficializada con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 267/2015. Modificó varios artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital.Eliminación de reembolsos a puertos patagónicosA través del DNU 1199/2016, Macri derogó el subsidio a las exportaciones realizadas desde puertos patagónicos, fijado por la gestión de Cristina de en noviembre de 2015.La decisión generó fuerte malestar entre los gobernadores patagónicos. En el caso de Chubut, la quita del beneficio perjudicó a Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, principales motores de la economía local. El gobernador de esa provincia, Mario Das Neves, fue quien encabezó los reclamos para intentar frenar la medida.Derogación de la devolución del 15% de la coparticipación a las provinciasEste DNU también derogó otra de las medidas adoptadas bajo la gestión kirchnerista, en este caso, el decreto 2.635 del 30 de noviembre de 2015, que respondió a un fallo de la Corte Suprema a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe en los juicios que le iniciaron al Estado para que le devuelvan lo retenido por la coparticipación, pero días después el gobierno de Cristina hizo extensiva a todos los distritos la devolución.Con esta medida, Macri derogó el decreto que dispuso el cese de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables.Eximición de pago de contribuciones patronalesLa gestión de Mauricio Macri extendió hasta finales de 2016 la eximición para el pago de contribuciones patronales para los colegios de gestión privada que estén incorporados a la enseñanza oficial, a través del DNU 275/2016.Creación de régimen de redeterminación de precios para la obra públicaEl DNU 691/2016 creó el régimen de Redeterminación de Precios para la obra pública, en un guiño al reclamo del sector de la construcción que venía pidiendo la actualización de la norma. La iniciativa creó además la "Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional". Entre sus funciones, dicho cuerpo deberá "analizar la problemática del sector de la construcción y proponer medidas o políticas para superar las mismas, así como también soluciones ante posibles controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de la aplicación de la presente medida".LEA MÁS EN LA EDICIÓN IMPRESA

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