El acuerdo firmado por el Canciller Héctor Timerman y su par Iraní en Etiopía y aprobado por la Cámara de Diputados esta semana obteniendo la formalidad de ley contiene nueve artículos. Entre sus puntos más importantes se destacan la conformación de una Comisión de la Verdad, formada por dos juristas internacionales propuestos por cada Estado y un quinto acordado entre ambos (ninguno será de Argentina o Irán). La comisión tendrá la potestad de examinar, analizar y solicitar la información pertinente a la causa, participar de la audiencia a realizarse en Teherán y pronunciarsugerencias a los países en cuestión, que no serán vinculantes, pero deberán ser tomadas en consideración. Lo interesante de este convenio es que los acusados por el atentado se presentarán a declaración indagatoria. De esta forma, por más que los mencionados se pueden negar a declarar (lo cual implicaría que la causa continúe estancada como viene desde el 2007), la causa AMIA se destraba además de volver a ubicarse con un lugar privilegiado en la opinión pública. Quedando claro que lo que se intenta es volver a dar marcha a un gravísimo caso judicial que todavía no ha encontrado culpables. Asimismo, se pretende dilucidar si Irán es efectivamente culpable de este perverso crimen o si la perspectiva debería volcarse hacia las pistas locales (como las acusaciones a Jorge "Fino" Palacios por la causa de encubrimiento) y las implicancias de Siria (de hecho, hay más pruebas que implican a este último país que al primero mencionado). Vale aclarar una arista clave: si alguna de las dos partes firmantes no respeta el acuerdo, el mismo se rompe. Todo vuelve a como estaba antes, es decir que no hay nada que perder, solo se intenta avanzar.No obstante, la cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo, es un eje problemático que genera mucho debate. Y seguramente la crítica más fuerte que se le puede hacer al pacto con Irán es la falta de un exhaustivo diálogo de la clase política nacional para determinar si se estableció dentro de los parámetros legales de nuestra Constitución ya que es un tema en donde entran en juego muchos artículos que emanan múltiples interpretaciones que lamayoría de las veces pueden llegar a contradecirse unas con otras.En relación a los fondos buitres, fuentes del Gobierno expresaron que la Corte de Nueva York le pidió a la Argentina que detalle la propuesta de pago y le dio un plazo hasta el 29 de marzo, para que presente un plan y calendario de pago. De todas formas, nuestro paísconfirmó ante la Corte de Apelaciones su postura de no aceptar la fractura en la cadena de pagos a los acreedores que ingresaron al canje de deuda que dispuso el juez Thomas Griessa y del principio de equidad, a la vez que adelantó su voluntad a abrir nuevamente el canje de deuda para los holdouts que no ingresaron a las reeestructuraciones encaradas enlos años 2005 y 2010. Asimismo el oficialismo aseguró que cumplirá con estas cuentas económicas en dólares pero no en condiciones superiores a aquellos que entraron al mencionado canje. Agregando que estos cumplimientos serán efectuados sin quebrantar ninguna ley nacional. De esto, se puede inferir que el Estado Nacional intentará reestructurar la deuda con estos fondos buitres para pagarles en un modo similar o igual a los acreedores de los canjes pasados. Lo cual es lógico ya que todos deben recibir lo que prestan en las mismas circunstancias, sin privilegios particulares. Y menos los fondos canallas y depredadores de NML y Aurelious.

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